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Polémica y al borde de un incidente diplomático entre
nuestro país y Chile a causa de la interceptación de un
remolcador trasandino que navegaba en aguas argentinas desde
las Islas Malvinas a Uruguay.
La Prefectura
Naval Argentina interceptó un remolcador de bandera chilena Beagle,
transportando a un pesquero taiwanés, el Am
Fong 136 a reducida velocidad, los cuales
navegaban sin autorización de nuestro país, uniendo la ruta
desde las Islas Malvinas hasta el puerto uruguayo de
Montevideo, en un operativo que marca la eficiencia del
control y supremacía sobre el espacio marítimo de nuestro
país por parte de la Autoridad Marítima argentina.
El operativo fue llevado a cabo por el guardacostas GC-28
“Prefecto Derbes”, el cual se encuentra afectado como otras
embarcaciones, al control de los desplazamientos de
embarcaciones en la Zona Económica Exclusiva argentina.
La embarcación de la Autoridad Marítima, a través de lo
reportado por el Centro de Tráfico Marítimo, detectó que
ambas embarcaciones estaban navegando desde las islas,
atravesando aguas argentinas y sin contar con la
autorización requerida por las leyes argentinas, como ocurre
con las aguas de todos los países.
De acuerdo a lo que pudo conocer PESCARE,
los barcos se encontraban a unas 245 millas náuticas de la
ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, dentro de la Zona
Económica Exclusiva de Argentina, en maniobras compatibles
con un remolque por parte de la embarcación de menor porte.
La intervención se fundamentó en el Decreto 256/10 y la
Ordenanza 01-10 de la Prefectura Naval, que exige
autorización previa para buques que transitan entre puertos
en el territorio continental argentino y las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur, o que transportan
mercaderías entre estos destinos.
La polémica surge a través de la consideración de las
autoridades chilenas quienes sostienen que “según
la normativa, los buques no violaban ninguna Ley argentina
ya que no tenían como destino final ni provisional un puerto
argentino en el continente. Además la actuación de la
Prefectura Naval Argentina en aguas internacionales, sin que
los buques estuvieran explotando recursos, podría constituir
una infracción a la libertad de navegación, derecho
consagrado internacionalmente”.
Desde Chile, a través del gobierno de Gabriel
Boric, se anunció que la Cancillería de su
país, está reuniendo documentación con antecedentes en torno
al incidente en el que el guardacostas argentino interceptó
al remolcador de bandera chilena en aguas internacionales “en
ruta entre islas Malvinas y Montevideo, por operar desde el
archipiélago británico sin el correspondiente aval
argentino”, en una expresión cuasi provocadora al
mencionar a las islas como “archipiélago británico”.
La ministra vocera del gobierno chileno Camila
Vallejo manifestó al respecto: “nosotros
siempre tenemos una relación fluida con los países vecinos y
estamos en permanente comunicación.”
“En
estos momentos, la Cancillería está haciendo el trabajo de
recabar todos los antecedentes sobre el caso. Vamos a tener
un pronunciamiento cuando la Cancillería termine de hacer
toda esa revisión para que ustedes tengan una información
clara, certera y oficial y para dar también mayor
tranquilidad”, dijo también Vallejo.
Por su parte, de acuerdo a lo que indican las normativas
internacionales, las autoridades argentinas de la Prefectura
Naval, notificaron a los capitanes de los buques
infractores, por incumplir el mencionado Decreto, al haber
operado en las Islas Malvinas, sin el correspondiente aval
del gobierno argentino.
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