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Un proyecto de ley que les otorga un año de gracia
permite a las provincias que tienen deudas con la Nación y las
compromete a llevar adelante reformas fiscales, financieras,
económicas o administrativas, fue presentado este miércoles en el
Senado por el legislador fueguino Pablo Blanco con el objetivo de
zanjar el conflicto suscitado entre los gobiernos de Javier Milei y
de Chubut.
El viernes pasado, el gobernador chubutense Ignacio
Torres (PRO) denunció que la Nación comenzó a detraerle dinero de la
coparticipación para honrar una deuda de casi 120 mil millones de
pesos contraída por su antecesor, el peronista Mariano Arcioni, con
la administración de Alberto Fernández.
Si bien el acuerdo al que llegaron Arcioni y
Fernández, del que también participó el entonces ministro de
Economía, Sergio Massa, establecía esos parámetros de devolución,
Torres se quejó porque desde el Poder Ejecutivo Nacional no le
habilitaron una renegociación. Según la iniciativa, las provincias
deberán cumplir con la «reducción sustancial en términos reales del
gasto público primario de sus administraciones a los efectos de
acompañar el esfuerzo de saneamiento fiscal y ordenamiento
macroeconómico llevado adelante por el Gobierno Nacional»
El proyecto que presentó este miércoles el radical de
Tierra del Fuego Pablo Blanco prorroga por un año los vencimientos
de capital e intereses de las deudas que las provincias y la ciudad
de Buenos Aires mantienen con el Estado nacional en el marco del
Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
Por su parte, los distritos se comprometen a llevar
adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o
administrativa de los Estados provinciales, cuyo principal objetivo
consista en la «consolidación de la Reforma del Sector Público
Provincial, a través de mecanismos ágiles y flexibles que aseguren
la implementación definitiva de las reformas básicas y el avance en
la generación de programas de mejoramiento del gasto público y de
desarrollo regional».
Según la iniciativa, esas reformas deberán resultar
en la «reducción sustancial en términos reales del gasto público
primario de las administraciones de las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los efectos de acompañar el esfuerzo de
saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico llevado adelante
por el Gobierno Nacional».
Por su parte, los distritos se comprometen a llevar
adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o
administrativa de los Estados provinciales, cuyo principal objetivo
consista en la «consolidación de la Reforma del Sector Público
Provincial, a través de mecanismos ágiles y flexibles
Asimismo, se establece que los Gobiernos
provinciales, de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios
«podrán acceder a operaciones de endeudamiento provenientes de
programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito
y de programas nacionales, siempre que el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal no informe incumplimiento de los principios y
parámetros» de la ley.
Las operaciones de reestructuración y amortización de
la deuda del presupuesto en ejecución no requerirán una autorización
del Gobierno nacional.
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