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El Senado de la Nación volverá a abrir las puertas
del recinto esta semana. La cita aún no está
oficializada, pero es un hecho que así será el
jueves 28 de septiembre, a menos de un mes de las
elecciones generales, y a cinco meses y medio de la
última sesión, el 13 de abril pasado. Por cierto, la
única que se realizó este año en la Cámara alta para
debatir proyectos.
No hay antecedentes de una inactividad mayor en
años, en la Cámara alta que solía ser más activa que
Diputados, aun en años electorales.
La cita del jueves fue confirmada por el jefe del
interbloque oficialista en la Cámara alta, José
Mayans, en contactos con la prensa la
semana pasada. Allí adelantó la intención de avanzar
con el proyecto sobre Ganancias, aprobado el martes
pasado en la Cámara baja por 135 votos a favor y 103
en contra y que tuvo un dictamen exprés el jueves en
comisión, de modo tal de quedar listo para llegar al
recinto a los 7 días de tal instancia, tal cual es
uso y costumbre en la Cámara alta.
También abordarán en esa sesión la modificación de
la Ley de Alquileres, que tiene dictamen desde la
semana anterior y por eso se especulaba que se
llevaría al recinto la semana pasada, pero se
suspendió pues al oficialismo le faltaban dos
senadores del FdT que -aseguran- estarán esta
semana. El dictamen de mayoría sobre Alquileres
tiene modificaciones respecto de lo aprobado el 23
de agosto en Diputados, y como se descuenta que ese
será el que tenga más votos, volvería entonces a la
Cámara baja.
Podrían incluir créditos UVA, otra media sanción de
Diputados que recibió la semana pasada cambios en
las comisiones, pero no está confirmado que vaya a
ser incluido en la sesión. Lo mismo que la creación
de tres universidades, también habilitadas el jueves
pasado. Todos esos temas podrían formar parte de una
sesión en la que se verá si hay tiempo para tratar
temas postergados de la sesión caída el 12 de julio
pasado, como muerte perinatal, otro tema que tiene
media sanción desde hace tiempo.
Pero la cuota polémica estará dada ya no en los
cambios que quiera hacer la Cámara alta, sino en el
tema que se votará al inicio del debate: los 75
pliegos judiciales que hicieron caer precisamente
esa sesión del 12 de julio. 75, no 74,pues entre
ellos figura la controvertida designación de Ana
María Figueroa, jueza cesanteada por la
Corte Suprema de Justicia por haber llegado su edad
jubilatoria el pasado 8 de agosto, sin que la
prórroga de su mandato fuera aprobada en tiempo y
forma por el Senado. Ese desafío del oficialismo en
la Cámara alta anticipa un
nuevo conflicto de poderes entre el Legislativo y el
máximo organismo del Poder Judicial.
Además de Figueroa, hay pendientes en la nómina de
postulantes hay jueces, fiscales y defensores, y
desde JxC se oponen a avanzar con su aprobación a
las puertas de un recambio de gobierno.
en el Frente de Todos saben que los números para la
aprobación serían ajustados, con el eventual rechazo
de, por ejemplo, el gobernador electo de Río Negro.
Es decir, a Alberto
Weretilneck lo cuentan dando quórum, pero
saben que no estaría asegurado su acompañamiento en
este caso.
Otros temas pendientes
Entre los proyectos que quedaron pendientes en la
frustrada sesión del 12 de julio se encuentra la
iniciativa con media sanción para crear de un
programa de prevención, diagnóstico y tratamiento
integral de la pubertad precoz.
Además, en las últimas semanas tuvieron también
dictamen en comisiones otros proyectos que vienen de
Diputados: incorporación de la violencia digital a
la Ley de Protección Integral a las Mujeres,
instaurar por ley las becas Progresar, régimen de
promoción de la producción orgánica y creación del
Registro Nacional de Deudores Alimentarios (aprobado
el año pasado en la Cámara baja).
Más retrasado, con dictamen desde mayo, se encuentra
pendiente el proyecto de “Mono-Tech” para
contribuyentes que perciben sus ingresos en dólares.
Por otra parte, en medio de las negociaciones que se
dieron en agosto pasado, tuvo despacho un proyecto
del entrerriano Edgardo
Kueider sobre disminución en las tarifas
eléctricas. El FdT reveló que trabajaría en una
propuesta similar, pero luego no hubo avances.
Sin dictamen también se encuentra el proyecto de ley
para modificar la normativa en la prevención y lucha
contra el lavado de activos, un tema que urgía ante
la evaluación internacional para el país este año.
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