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Buenos Aires, mayo 31.- El Senado retomó sus actividades,
esta semana, a nivel de comisiones, en especial con la
realización de las correspondientes audiencias públicas para
designar a 47 jueces, fiscales y defensores oficiales para
distintas jurisdicciones del país.
Así, la comisión de Acuerdos, que preside la senadora del
Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, comenzó a
analizar, en las últimas dos jornadas, los pliegos de los
distintos postulantes. En las referidas audiencias públicas,
los aspirantes debieron responder las diversas preguntas y
consultas efectuadas por senadores y senadoras nacionales
para defender sus pliegos.
Al cierre del segundo día de audiencias, el jefe del
interbloque del FdT, José Mayans, advirtió que “el país está
pasando por un momento muy duro y necesita que las
instituciones funcionen de acuerdo al mandato de la
Constitución y de las leyes” e insistió en reclamar “una
justicia imparcial”. Sostuvo, además, que la Carta Magna
indica que “la justicia trae también la paz social. Sin
justicia no hay democracia, sin justicia no hay paz social”,
alertó.
También, criticó a sectores de la oposición al recordar que,
cuando la Corte Suprema de Justicia “tardó dieciséis años”
en expedirse sobre la inconstitucionalidad de la ley del
Consejo de la Magistratura, “no escuché a nadie de la
oposición quejarse y decir qué estaba pasando” con esa norma
ni con el organismo.
“La Corte declaró esa ley inconstitucional despues de 16
años, la derogó, y es una ley en la que está basada todo el
sistema judicial argentino prácticamente. Tomaron una
decisión política que afectó el sistema institucional
argentino, es gravísimo lo que se hizo”, señaló el
formoseño.
También, aprovechó para reseñar que hasta uno de los
actuales miembros de la Corte sostuvo en el mismo fallo
sobre el organismo de control de la Justicia que el Máximo
Tribunal no puede poner en vigencia una ley que está
derogada por el Congreso argentino “porque hacer eso es
legislar”. E insistió en que “el actual Consejo de la
Magistratura no tiene fundamento de ley”.
Al reflexionar sobre la delicada situación en que se
encuentra el sistema judicial, aseguró que así lo certifica
el escándalo de Lago Escondido. “Hay un sector del poder
mediático que controla al Poder Judicial de la Nación, que
le dice qué debe hacer y que sabe, quince días antes, cómo
van a ser los fallos, lo dicen en primera plana antes de que
estén escritos esos fallos”, remarcó.
Indicó, al respecto, que “la vergonzosa actuación de
algunos miembros de la Corte está poniendo en riesgo la
institucionalidad argentina”.
“Hay miembros de la Corte, miembros del Tribunal de
Casación, jueces de primera instancias y fiscales que están
entregados al poder mediático. No existen ni garantía del
debido proceso ni imparcialidad”, arremetió.
“Se ha demostrado que el juez instructor de la causa
vialidad estaba en Lago Escondido recibiendo dádivas,
paseando en helicóptero, y ahí está en su cargo. Y no
escucho a ninguno de la oposición que le diga que tenga el
decoro de retirarse o que le promuevan el juicio
correspondiente en el Consejo de la Magistratura”, acotó y,
a modo de cierre, añadió: “Hay otro miembro de la Cámara
Federal que les dice (a los viajeros de Lago Escondido) que
hay que hacer boletas truchas”, sin que desde la oposición
nadie se escandalice.
En otro orden de cosas, también esta semana se reunió la
comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador
riojano del FdT Ricardo Guerra. Ese cuerpo asesor de la
Cámara Alta trató dos proyectos de promoción de la industria
tecnológica: uno referido a la creación de un régimen
simplificado para monotributistas tecnológicos y otro para
implementar un régimen cambiario especial para el mismo
sector.
En tanto, la comisión de Salud de la Cámara ratificó como su
presidente al senador tucumano del FdT Pablo Yedlin y como
su secretaria a la senadora catamarqueña del FdT Lucía
Corpacci.
Al finalizar el miércoles, se constituyeron tres comisiones
más: la de Justicia y Asuntos Penales, que ratificó al
senador neuquino del FdT Oscar Parrilli como su presidente y
a la tucumana Sandra Mendoza como secretaria; la de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, que tiene al chaqueño Antonio
Rodas como vicepresidente y a la senadora riojana Clara Vega
como secretaria; y la de Población y Desarrollo Humano, que
mantiene a la senadora fueguina del FdT María Eugenia Duré
como vicepresidenta.
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