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Con un sector de la oposición, el Frente de Todos en la
Cámara de Diputados logró convertir en ley el plan de pago
de deuda previsional, que apunta a beneficiar alrededor de
800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes
para poder acceder a una jubilación.
La norma se sancionó con 134 votos a favor, 107 en contra y
ninguna abstención.
Además del oficialismo, acompañaron la iniciativa los
cuatros diputados aliados del interbloque Provincias Unidas;
los cuatro legisladores del Frente de Izquierda; y 7 del
interbloque Federal (no estuvo presente Florencio
Randazzo). Votaron a favor también Claudio
Vidal (SER) y Rolando
Figueroa (MPN) Estos mismos fueron los que
facilitaron la apertura de la sesión aportando al quórum.
Por su parte, Juntos por el Cambio rechazó el texto y
defendió su dictamen de minoría. Todos sus miembros
presentes votaron en contra, igual que Avanza Libertad y La
Libertad Avanza.
El proyecto había sido aprobado en el Senado el 30 de junio
de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de
Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto
del año pasado, pero finalmente el dictamen se firmó a fines
de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21
de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.
En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la
última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender
por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda
Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por
decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo
mejor era que saliera una nueva ley.
Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara
baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición
de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.
El
debate
A la hora de fundamentar el dictamen de mayoría, el
diputado Carlos
Heller observó que del total de los jubilados
que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las
moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las
personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden
hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo
problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad
laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la
edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.
“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la
población con problemas de informalidad laboral, pero
mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no
tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de
paso que se trata de “un
parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo,
los parches son los mecanismos adecuados para salir de la
situación”.
A su turno, la mendocina Marisa
Uceda dijo que la norma “le va a permitir a
hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio
previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una
moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación
anticipada de aportes que se deben”.
“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos
siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para
robustecer el sistema”.
Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto
desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones
no se componen además de los aportes de los activos, sino
también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social
que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese
es el círculo virtuoso”, enfatizó.
Por el dictamen de minoría, el diputado de Evolución
Radical Alejandro
Cacace sostuvo que “el diputado Heller admitió
desde el comienzo que tenemos un grave problema de
informalidad laboral. El desempeño de nuestra macroeconomía
es pobre del mercado de trabajo por la subocupación, la
ocupación informal y el desempleo”. En ese sentido, planteó
que “si tenemos 4 de cada 10 trabajadores que no tienen esas
contribuciones ingresadas, llegan a la edad jubilatoria sin
tener el beneficio sin poder ingresar. Esa es la realidad
que tenemos, si tenemos un sistema jubilatorio que pide 30
años de aporte y prácticamente nadie puede alcanzar esa
condición, menos de la quinta parte cumple con los
requisitos para poder jubilarse, el resto tiene pensiones o
regímenes provinciales”.
A su turno, el cordobés Rodrigo
De Loredo apuntó contra el oficialismo porque
“trataron de la misma manera las políticas contributivas de
las no contributivas y eso trae aparejado tres consecuencias
irreversibles: profundizar una política desigual,
desestimulan el ahorro y estimulan la informalidad el
mercado laboral”.
“Lo más grave es que al haber quebrado la sustantividad del
sistema, al haberlo hecho tanto más dependiente de sus
ingresos tributarios y al haber quebrado la relación que
antes del 2006 era 2,6 activos y 1 pasivo y ahora es 1,5
activo y 1 pasivo, pulverizaron el poder adquisitivo de
todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados
arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el
déficit de la totalidad el Estado porque del gasto
previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó entre
gritos.
El radical cordobés Víctor
Hugo Romero detalló: “De la población activa hay un
7,1 por ciento desocupado, un 28 no asalariado y 4 de cada
10 que perciben salarios no perciben no están registrados
formalmente”. A su vez, añadió: “Los trabajadores
informales, el 63 trabaja en empresas de no más de 5
empleados y el 89 con menos de 25. Solo pueden cumplir las
grandes empresas”.
“Desde 2005 se establecen leyes de moratoria, pero siempre
con parches, nunca con solución de fondo”, aseveró. Y
concluyó: “En 17 años las jubilaciones crecieron 3.730.000,
pero solo 94.000 corresponde con trabajadores con aporte de
30 años, solamente creció en 2.030.000 el trabajador
registrado y 7 de cada 10 cobra por bajo de la línea de
pobreza”. “Este nuevo proyecto de plan de pago requiere un
análisis más profundo y está lejos de generar derechos”,
cerró.
Por otro lado, el diputado nacional Marcelo
Casaretto (FdT – Entre Ríos), en su alocución,
afirmó: “Queremos sostener esta ley de plan de pago
previsional para beneficiar a 800.000 argentinos y en mi
caso a 17.000 trabajadores entrerrianos”.
El diputado oficialista recordó que en 2003 el 40 por ciento
no accedía a la jubilación y explicó: “Si no analizamos la
perspectiva a futuro es difícil analizar el sistema
previsional”.
“Estamos de acuerdo en que exista algún remedio legal para
que aquellos a los que les faltan años de aporte o edad
jubilatoria puedan compensar esa diferencia, pero sin
exterminar el sistema jubilatorio. Estamos asistiendo al
derrumbe y ruptura total del sistema previsional argentino
en detrimento de nuestros jubilados con esta, mal llamada,
moratoria”, señaló a su turno la cordobesa Laura
Rodríguez Machado (Pro). Y agregó: “Si tuvieran una
genuina preocupación por la justicia social no se llevarían
puesta a la caja de jubilaciones del país, el ANSeS, con
este tipo de leyes incoherentes. Debieran generar un sistema
que permita verificar que quienes quieran acceder al sistema
previsional, y no tienen aportes, realmente lo necesiten. No
les importa que se pueda jubilar un millonario que nunca
aportó, ya que no tuvo la necesidad de trabajar. Generan
injusticias bajo una supuesta ley que beneficia a todos,
pero en realidad es una verdadera trampa parlamentaria que
lo único que hace es desfinanciar a los jubilados de la
Argentina”.
Asimismo lanzó que “si el kirchnerismo tuviera un legítimo
interés por defender la justicia social no callaría que la
vicepresidenta de la Nación, Cristina
Fernández, percibe 67 jubilaciones mínimas por mes
o haya reclamado en la Justicia un aporte correspondiente a
2971 jubilaciones mínimas. Ante estas grandes inequidades de
una de las principales representantes de su coalición, el
Frente de Todos mira para otro lado”.
Para Alejandro
“Topo” Rodríguez, las mujeres “cargan con el
flagelo de la subocupación y la desocupación más las mujeres
que los hombres” y comparó: “Cada 1.000 pesos que gana un
hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”. Y advirtió que
“los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar
derechos cuando ya se rompió el derecho básico, que es a
tener un trabajo remunerado con aporte jubilatorio”.
En su intervención, el diputado nacional José
Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se
pronunció en contra del proyecto porque consideró que “no
ataca el problema y va a fracasar”. En síntesis, el
libertario brindó dos razones: “Estamos buscando financiar a
personas para la jubilación mínima que si no tienen un gran
poder adquisitivo, difícilmente puedan terminar feliz este
plan de pago”, y agregó: “Les estamos ofreciendo ser pobres
hoy y ser pobres mañana”.
En segunda instancia, explicó: “La suma de las moratorias
nos lleva a gastar 12 puntos del PBI”. “Me resulta
inadmisible si esto no estaba previsto en la Ley de
Presupuesto”, siguió.
Para cerrar, expresó: “Solo una de cada diez mujeres y uno
de cada diez hombres llega a jubilarse con los 30 años de
aportes”, y cerró: “Si no atacamos el problema de la gran
cantidad de regímenes y la informalidad vamos a fracasar”.
El diputado del Pro Luciano
Laspina consideró que el proyecto debatido “es
una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un
pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin
haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un
“mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la
intencionalidad política de esto, que por eso se hace este
año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.
Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos
desafíos del sistema previsional, generar incentivos para
que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un
sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es
que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el
sistema formal”.
“Este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre, no
solo porque es una estafa a los jubilados de hoy, sino
también a las generaciones futuras”, sostuvo por su parte Javier
Milei. Y cerró: “Si seguimos así, lo único que
vamos a hacer es que cada día Argentina sea más miserable”.
Bien sobre el final del debate, Silvia
Lospennato se refirió al tema como “un problema que
tenemos y que no hemos podido reparar”. Al punto tal de
recordar que ha habido 1.273 normas que en la historia han
modificado la ley original.
Habló de un sistema que exige 30 años de aportes y que
“excluye al 80% de los argentinos que tienen la posibilidad
de jubilarse y acumular esos años. Ese es el problema en
serio que tenemos que elaborar y que seguimos procastinando”.
Lospennato advirtió que “no se puede seguir especulando
electoralmente cuando está en juego la sostenibilidad del
sistema previsional argentino”, al tiempo que reivindicó a
la gestión de Cambiemos, que –dijo- le devolvió a los
jubilados con la Reparación Histórica “lo que el Frente de
Todos les robó durante muchos años”. reivindicó también la
PUAM y la movilidad aprobada en medio de 14 toneladas de
piedras. “Soportando el silencio cómplice de estos tres años
en los que los jubilados no han dejado de perder mes a mes”,
dijo, reconociéndole al oficialismo el “relato” que les
permite erigirse a sí mismos como defensores de los
jubilados.
“Ustedes saben que hoy están votando un aumento brutal del
déficit fiscal de la Argentina. No podemos dejar de
señalárselo. Están gobernando, por lo menos tengan algo de
responsabilidad fiscal… Siempre son pan para hoy y hambre
para mañana”, disparó la diputada, que agregó que “esta
nueva irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo la van a
pagar los jubilados. El único ajuste que sabe hacer el
kirchnerismo lo hacen sobre los jubilados”.
A continuación, la diputada Graciela
Camaño recordó que venía a votar la prórroga de la
moratoria que estableció en 2017 Mauricio
Macri, que a su vez tenía que ver con la primera
moratoria del primer gobierno de Cristina Kirchner. “Vengo a
ser consecuente”, afirmó.
“No le estamos robando los aportes a nadie”, aseguró,
negando que esta crisis venga de la década del 90, sino que
la atribuyó a la del 80. “Sabemos que lo que tenemos que
cambiar es de una profundidad que requiere acuerdos que no
podemos lograr”, agregó, advirtiendo finalmente que “si
alguien cree que con esta miseria que van a hacer van a
conseguir votos, no han leído el proyecto”.
El penúltimo orador fue Máximo
Kirchner, quien no estaba anunciado en las
listas que circularon durante el día. Y en su mensaje negó
el argumento del déficit fiscal para rechazar esa
iniciativa. “Los jubilados no generan déficit”, aseguró,
agregando que hay no más de 10 o 15 países en superávit
fiscal en el mundo. “La mayoría de los estados se encuentra
en déficit fiscal, así que no creo que sea el problema”,
cerró.
El cierre del debate del plan de pago de deudas
previsionales estuvo a cargo del jefe del bloque
oficialista, Germán
Martínez, quien valoró en primer lugar que se
hubiera podido sesionar y agradeció puntualmente no solo a
sus diputados, sino a los de los otros bloques: Provincias
Unidas, los socialistas Santafesinos, Identidad Bonaerense y
los de la izquierda “que nos acompañaron en el quórum, que
es tan o más importante que el voto final”.
“Dimos un debate muy honesto, donde pusimos posiciones
políticas muy fuertes; no sé si nos escuchamos tanto, pero
hubo argumentos que también demuestran a quiénes intentamos
representar”, señaló.
Reconoció finalmente que esta ley no representa una solución
de fondo. “Probablemente no, pero me parece que estamos
dando un paso muy importante y vamos cerrando puertas, así
como reafirmamos un determinado camino, con un no a la
capitalización, no a recortes a jubilados, ni al
fraccionamiento del sistema previsional”.
Qué
establece la flamante ley
La flamante ley establece que las personas en edad
jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán
regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del
año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que
serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio
que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las
personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y
varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán
con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y
comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de
aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y
tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de
remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que
contribuyen a la seguridad social los trabajadores en
actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma.
Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de
marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el
país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada
será registrada en la historia laboral de la persona, que
podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes
conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va
acercando su edad de retiro. La actualización del plan de
pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad
jubilatoria informado por la ANSeS.
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