Este jueves, el presidente Alberto Fernández, encabezó la
reunión de gobernadores en Casa Rosada, del que participó el
gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, donde analizaron
el fallo de la Corte Suprema que favorece a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y emitieron un documento dando
respuesta a la decisión judicial.
En ese marco, se decidió que el gobierno nacional no acatará
el fallo de la Corte Suprema, que restituyó fondos de
coparticipación a la CABA por considerar que «es de
imposible cumplimiento» y «tiene una mirada unitaria» de
Argentina.
El documento elaborado sostiene que, en la actualidad, según
la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en
el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace
desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los
fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al
costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos
Aires que se le transfirió en el año 2016.
Ante ese panorama, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
emitió un “fallo inédito, incongruente y de imposible
cumplimiento” donde “sin fundar el modo por el cual
construye dicho monto”, establece aumentar ese porcentaje al
2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de
180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.
La sentencia, sostiene también, de manera insólita, que
transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a
las provincias argentinas, lo que los mandatarios
consideraron “completamente falso” ya que “esos recursos
saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en
políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
“En síntesis, en un fallo político, de cara al año
electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a
todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la
CABA”, resalta el escrito.
Y agrega: “Esta medida es, en las condiciones actuales, de
imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional
aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito
presupuestario para tal finalidad”.
Ante lo expuesto, se comunicó que presidente de la Nación
decidió “instruir a los órganos competentes del Estado
Nacional a “recusar a los miembros de la Corte Suprema y a
presentar el pedido de revocatoria ‘in
extremis’ de la resolución cautelar dictada”.
Por su parte, los gobernadores presentes que corresponden a
las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut,
Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán,
se vieron afectadas en forma directa por la “arbitraria
decisión” adoptada por la CSJN, por lo que “instruirán a las
autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los
estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el
expediente acompañando la recusación de los ministros
firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la
revocación ‘in extremis’ de
la misma”.
De esta manera, firmaron al pie de la letra el presidente de
la Nación, Alberto Fernández; y los gobernadores de la
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raul
Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni;
Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La
Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de
San Juan, Sergio Uñac; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de
Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo
Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán,
Osvaldo Jaldo.
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