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Precisamente ese es el tema que activó la sesión de este
miércoles, pues la norma aprobada en 2018 puso un plazo
hasta el próximo 15 de octubre para frenar los
desalojos, con lo cual urgía la aprobación de la
prórroga.
En su momento, la ley 27.453 declaró de interés público
al régimen de integración socio-urbano de los barrios
populares identificados en el RENABAP (Registro Nacional
de Barrios Populares) suspendió los desalojos por cuatro
años, previamente lo declaró de utilidad pública y
facultó la creación de un fideicomiso.
Así lo señaló el diputado nacional Ramiro Fernández
Patri, al señalar que en el 2016 se realizó el RENABAP
que reconoció la existencia de los barrios populares
mediante el Decreto 358/2017 y se sancionó la ley en
octubre de 2018, creando un fondo a través de un
fideicomiso.
“Ese fondo se compone del 9% del impuesto para una
Argentina inclusiva y solidaria, Impuesto país y con el
15% del aporte solidario extraordinario que se sancionó
a las grandes fortunas.” Agregó: “Esto significa que
contó con los recursos necesarios para implementar la
transformación y la integración urbana, la vivienda, el
plan Mi Pieza (170.000 mujeres fueron seleccionadas) y
la inversión de 38.000 millones de pesos en las 23
provincias y CABA”.
La modificación propuesta en la HCDN, planteó ampliar de
4416 barrios a 5687; prorrogar la suspensión de los
desalojos 10 años, como garantía de implementación de la
ley y del derecho a la vivienda; declarar la emergencia
socio sanitaria y ambiental por un plazo de dos años;
incorporar la perspectiva de género como criterio de
prioridad para la titularidad de la vivienda y definir
una asignación específica al destino de los fondos. |
