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El jefe del interbloque de senadores y senadoras
nacionales del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la
iniciativa, que fue girada a la Cámara Baja. “Vamos a
acompañar el Consenso que firmaron el presidente y los
gobernadores”, asintió el formoseño, quien destacó que
la mayoría de los mandatarios provinciales, sin
distinción política, rubricó el acuerdo con el Poder
Ejecutivo, porque “conocen lo que administrar una
provincia, un municipio”.
Apuntó que el pacto fiscal busca atender cuestiones
que hacen “a la administración nacional y a las
administraciones provinciales” y pretende establecer con
claridad “jurisdicción y competencias en cuanto a las
obligaciones que tiene cada estamento”.
También, Mayans reseñó las distintas vicisitudes que
le tocó atravesar al gobierno del Frente de Todos al
recibir un país endeudado, con recesión, inflación y
luego superar la pandemia de Covid-19, para después
tener que tratar de encausar el barco en medio un
conflicto bélico en Europa del este, con los coletazos
económicos. Y marcó que la deuda y la inflación son
problemas centrales a resolver. Al tiempo que le volvió
a enrostrar a la oposición haber frustrado la sanción
del Presupuesto 2021, situación que complica aún más la
administración del Estado.
El presidente de la comisión de Presupuesto y
Hacienda, Ricardo Guerra, defendió “el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo que aprueba el Consenso Fiscal para
el presente ejercicio” y explicó que, en líneas
generales, aborda cuatro acuerdos centrales: en materia
tributaria, endeudamiento responsable, responsabilidad
fiscal, compromisos del gobierno nacional y compromisos
comunes entre las jurisdicciones.
El objetivo, según comentó, es buscar un equilibrio
entre las jurisdicciones, mejorar los controles de la
evasión, así como reducir y evitar los litigios
judiciales entre los estados. Para ello
El acuerdo, firmado a fines del año pasado, cuenta con
el respaldo de 21provincias de las 24 jurisdicciones, y
sólo tres no acompañaron: La Pampa, San Luis (que tienen
una posición histórica de no acompañar este tipo de
acuerdo) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que se
sumó en esta oportunidad a la negativa).
En forma previa, la Cámara aprobó la ley de Incentivo
a la Inversión, Construcción y la Producción argentina,
que apunta a promover la construcción de viviendas
mediante la exteriorización de fondos no declarados
ubicados en el país y en el exterior, pedido por el
flamante ministro de Economía, Sergio Massa.
La presidenta la comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, María Teresa González, fue la
encargada de defender la iniciativa por el oficialismo y
señaló que la propuesta está “basada en cuatro
objetivos: el repunte de la industria de la
construcción, que es dinamizadora de la economía; la
generación de nuevos empleos registrados y empleos
capacitados; el aumento de la recaudación, a través de
una regulación impositiva, y el ingreso genuino de
divisas”.
A su turno, el riojano Guerra señaló que la norma,
cuyo tratamiento fue solicitado por el ministro Massa,
“incentiva la construcción y el acceso a la vivienda”.
Indicó, además, que, por un lado, establece “franquicias
para a aquellos contribuyentes que se encuentran en
situación normal” y propone “un esquema voluntario de
exteriorización de fondo no declarados, en el país o en
el exterior, que, además del pago de un impuesto
especial, deben ser destinados en forma exclusiva a la
construcción de viviendas”. |
