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La iniciativa crea una prestación
monetaria mensual para las personas que están
actualmente bajo la línea de indigencia debido a que no
alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto,
estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022.
Es así que la asignación será equivalente al valor de
dicha canasta, monto que según establece el proyecto
podrá actualizarse de modo trimestral.
Se prevé que esta política alcance a
1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de
acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de
personas adultas que, además de no tener trabajo
registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación,
ni plan social y no cuentan con ningún bien.
Podrán inscribirse las mujeres de
entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se
busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada
por otros programas sociales entendiendo que las
personas que quedan por fuera de ese rango pueden
acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad
jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen
cubierta la canasta básica alimentaria.
El beneficio será de carácter
temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de
renovación en cuanto se pueda verificar que las
condiciones de vida de la persona siguen siendo las
mismas. En este sentido, el proyecto promueve la
incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a
través de la articulación con empresas y sectores de la
actividad económica. Así se apuesta a que la situación
de vulnerabilidad se revierta y deje de ser necesario el
ingreso.
El proyecto establece que sea ANSES
la autoridad de aplicación, creando a este fin el
Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que
tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSES
hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán
acceder.
La política tendrá un costo fiscal
del 0.09 PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante
el año siguiente. Además cabe destacar que el
beneficiario deberá realizar controles de salud
acreditados anualmente de acuerdo a su género y edad a
modo de contraprestación.
El proyecto recibió aportes de
dirigentes sociales, además se trabajó en su elaboración
junto a diputados, senadores y senadoras y fue acordado
con el Poder Ejecutivo Nacional a través de la ANSES y
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El texto ingresó el lunes por mesa de
entrada del Senado y le fue asignado el número de
expediente S1860/22.
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