“El pueblo tiene que saber lo que está pasando”,
expresó el presidente del interbloque FdT, José
Mayans, al inicio del encuentro con integrantes del
CADI, agrupamiento de organizaciones sociales,
sindicales, campesinas, de derechos humanos, de
juristas, científicos y académicos, que busca poner
de relieve la deuda histórica que tiene el Estado
argentino con los distintos sectores internos.
En ese marco, el formoseño diferenció dos modelos
políticos aplicados en la Argentina en las últimas
décadas. Habló del modelo “neoliberal” que durante
la gestión de Mauricio Macri llevó “a un
endeudamiento catastrófico del país”, dijo; y “el
populista”, que con Néstor Kirchner encaró el
desendeudamiento de la Argentina y con Cristina
Fernández dejó un país “con una relación deuda-PBI
del 40 por ciento, de los cuáles el 50 por ciento
era pesos y el 50 por ciento en dólares”, tales sus
palabras.
“Estuvimos a un paso de la independencia económica
del país”, reflexionó el jefe del interbloque
oficialista.
Los senadores oficialistas informaron que en la
sesión de este jueves se tratará el proyecto de
creación de un fondo para cancelar la deuda con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), con recursos
provenientes de bienes de argentinos no declarados
en el exterior.
Grabois tomó la centralidad del encuentro cuando en
un pasaje levantó la mano para preguntar sobre las
razones del retraso en la investigación de la fuga
de capitales. “Perdón, pero nosotros no venimos a
escuchar sobre el proyecto de ley; vinimos a otra
cosa”, señaló cuando Mayans le había pasado el
micrófono a Oscar Parrilli para que contara sobre el
proyecto que impulsa sobre consultas populares.
El dirigente social dijo que querían saber cómo se
haría para “recuperar los fondos fugados”. Cuestionó
“la poca acción” que se le veía a la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda y el
“secretismo” de la misma. Los senadores oficialistas
le explicaron el problema de que la comisión
Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda (Ley
27.249) no está conformada, porque desde la Cámara
de Diputados todavía resta designar sus
representantes, y a ello se suman las restricciones
legales antes señaladas.
El dirigente social señaló la necesidad de
“priorizar la deuda interna” como parte de las
políticas públicas y que se estudien las propuestas
del CADI “para saldar una parte de la deuda interna
con los trabajadores de la economía popular, los
investigadores”, entre otros. “Sí estamos de acuerdo
en recuperar la mayor parte posible de quienes
fugaron y entender el mecanismo de la fuga y el
impacto que tuvo en el pueblo”, apuntó.
“Es una cuestión de legalidad, no se puede hacer
cualquier cosa”, aclaró Mayans, afirmando luego que
“la información que está, se ha pasado a toda la
Comisión”, en tanto que la presidenta del bloque
Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio aclaró que no
podían “circular la información porque la comisión
bicameral no está constituida y porque la ley de
Entidades Financieras sigue vigente y nos impide
levantar el secreto fiscal”.
Otra dirigente social del conurbano repuso a su vez
que “más allá de lo legal, lo que hace falta es que
haya decisión política”.
En otro pasaje los senadores oficialistas y los
representantes del CADI coincidieron en la necesidad
de que el Congreso apruebe el proyecto de
flexibilización del secreto bancario, bursátil y
fiscal, para avanzar en la investigación del proceso
de endeudamiento de la Argentina durante la gestión
anterior.
“Perón decía: ‘Somos un país politizado, pero sin
cultura política’. Nuestro trabajo es alcanzar esa
cultura política para tener un alto grado de
comprensión de los problemas sociales, económicos y
políticos que tiene nuestro país”, sentenció Mayans,
que agregó: “Las puertas del Senado están abiertas
para todas las organizaciones civiles que puedan
venir y nutrir con sus ideas la noción de país que
queremos construir”.
La vicepresidenta del interbloque FdT, Anabel
Fernández Sagasti, coincidió con el pedido de
algunos referentes del CADI de conocer el nombre de
los responsables de la fuga de capitales que terminó
con el endeudamiento nacional. Pero aclaró que
existen problemas legales que se deben resolver para
destrabar esa situación y por eso la bancada
oficialista presentó el proyecto de flexibilización
del secreto bancario, bursátil y fiscal.
“Cómo puede ser que el pueblo no conozca qué pasó
con los dólares de la deuda”, dijo la senadora
mendocina y explicó que el proyecto de flexibilidad
del secreto bancario fue pensado “para que la
comisión Bicameral de Deuda pueda pedir, a la
Justicia, la flexibilización del secreto bancario,
bursátil y fiscal”.
A su turno, Juliana Di Tullio recordó que “la ley de
Entidades Financieras”, que estableció el secreto
bancario, es “del año 1977, es una ley de Videla, y
sigue vigente”. Al mismo tiempo, indicó que existe
“infinidad de presiones para que esa norma no sea
modificada”.
Su par Oscar Parrilli detalló que la iniciativa a
debatirse este jueves en el recinto de la Cámara
alta “básicamente plantea crear un mecanismo para
que aquellos que fugaron dinero al exterior, y no lo
declararon, tengan una sanción pecuniaria” y aclaró
que esos fondos deben ser “en dólares y tienen que
venir de afuera. No vamos a permitir que se compren
en la Argentina. Irán a una cuenta especial a nombre
del Ministerio de Economía y su único destino será
para pagarle al FMI”
“El objetivo central de este proyecto no es meter
presos a los evasores, sino juntar plata para
pagarle el fondo”, insistió el senador neuquino y
comentó: “No será fácil aprobar este proyecto, va a
ser necesario un fuerte apoyo social para conseguir
la sanción en la Cámara de Diputados”.
Además de Grabois, sostuvieron -entre otros- el
dirigente de Unidad Popular y director del Banco
Nación, Claudio Lozano; el secretario adjunto de la
CTA-Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; Deolinda
Carrizo (MOCASE), Rosalía Pellegrini (UTT), Bruno
Rodríguez (Jóvenes por el Clima), Dina
Sánchez (UTEP).
