Esta vez sí: el aborto en Argentina será legal. El
Senado le puso el broche de oro a un debate
reinstalado por el movimiento feminista y aprobó,
por una diferencia de nueve votos, el proyecto que
habilita a las mujeres y personas gestantes a
interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas de
gestación, de forma voluntaria y gratuita y con
acompañamiento del Estado.
La victoria “verde”, enmarcada en una imponente
movilización en las calles, fue
finalmente por 38 votos a favor, 29 en contra y una
abstención, del jujeño Guillermo Snopek (Frente de
Todos) , que en 2018 había votado
negativamente.
No solo hubo sorpresa en la diferencia, sino también
en las ausencias de dos “celestes”, el puntano
Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y la riojana
Clara Vega (Mediar Argentina). Los otros
senadores que no participaron de la votación fueron
Carlos Menem -internado- y José Alperovich -de
licencia-.
Las incógnitas que había en la previa se terminaron
de despejar durante la noche, con discursos
a favor por parte de tres indefinidos: el
oficialista Sergio “Oso” Leavy, de Salta; la radical
Stella Maris Olalla, de Entre Ríos; y la neuquina
Lucila Crexell, que en 2018 había sido la única en
abstenerse. Sumó también su voto favorable el
entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos,
que se había anotado en la lista de oradores pero
luego se bajó.
Durante la jornada, varios
funcionarios se mostraron en los palcos del recinto
y en el Salón Azul , entre ellos las dos
principales impulsoras de la ley: la secretaria
Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de
Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez
Alcorta. Con la sanción, el
Gobierno pudo celebrar el cumplimiento de uno de los
ejes de su campaña electoral.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, por su parte,
se mostró poco. Asistió para abrir la
sesión y luego, como suele hacer, se retiró del
recinto, dejando la mayor parte de la conducción en
manos de la presidenta provisional, Claudia Ledesma
Abdala, y el vicepresidente Martín Lousteau (UCR-Evolución).
La posibilidad de un desempate, demasiado extrema,
se esfumó enseguida.
Antes del inicio de la sesión, una de las referentes
antiabortistas, la tucumana Silvia Elías de Pérez,
realizó una conferencia de prensa y denunció
“presiones nunca antes vistas” por parte del
presidente Alberto Fernández para aprobar
la ley, y anunció que la discusión no se cerró
este miércoles sino que continuará en la Justicia,
donde plantearán la inconstitucionalidad.
Lo cierto es que desde la Casa Rosada participaron
de forma activa en las negociaciones y así fue como se
concedió un pedido clave a un senador de la
oposición: el rionegrino Alberto Weretilneck. El
Ejecutivo aplicará
un veto parcial y de esa forma el
exgobernador patagónico garantizó su voto verde.
Se trata de una modificación que no altera el
espíritu de la ley: según explicó la presidenta de
la Banca de la Mujer, Norma Durango, se vetará la
palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo
como hasta hoy las causales de la ILE (Interrupción
Legal del Embarazo), es decir, aquellas situaciones
donde el aborto no es punible -violación o riesgo
para la salud o la vida de la mujer-.
Verdes vs. celestes
El debate fue una nueva muestra de una grieta
insalvable. Se repitieron los argumentos a
favor y en contra de la legalización: por un lado,
la necesidad de que las mujeres puedan tener
autonomía sobre sus cuerpos y no mueran en abortos
clandestinos; y por otro, la defensa de la vida
desde la concepción y la noción del aborto como un
“fracaso” del Estado a la hora de prevenir embarazos
no deseados.
Al abrir la discusión, que se extendió durante 12
horas, Durango
enfatizó que “la
alternativa es aborto legal o clandestino,
y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo
mujeres” , y sostuvo a su vez que “si
este fuera un tema de varones, hace décadas sería
ley”
La legisladora advirtió que “las mujeres van a
hacerse los abortos clandestinos a los lugares más
sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de
sus parejas y sus familias, y nunca con el
acompañamiento del Estado. Por eso el
Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante
años miró para otro lado ”.
Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y
las mujeres siguen muriendo”, Durango planteó: “Yo
no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero
¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”. Y,
tras la pregunta retórica, insistió en que “la
ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es
una práctica segura”.
Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios
Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres
afrontan causas penales por aborto en 17
provincias”. “La penalización del aborto tiene un
impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las
de clase media y alta, que van a un médico, pagan el
misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.
Por el rechazo, el presidente de la Comisión de
Salud, Mario Fiad, sostuvo que la ley demuestra
“un fracaso estrepitoso del Estado” y
aludió al artículo 19 del Código Civil y Comercial
de la Nación, que dice que “la existencia de las
personas humanas comienza con la concepción”.
“Nosotros no titubeamos con las palabras, no
buscamos eufemismos para referirnos a la vida”,
reprochó.
Asimismo, explicó que “este
proyecto deja solas a las mujeres, porque solo se
les ofrece el aborto y nada más” , y negó
que el Programa de los Mil Días brinde un
acompañamiento, porque -consideró- “solo es
declarativo y a tiempo futuro”.
“Aprobar este proyecto es reconocer el fracaso
estrepitoso del Estado: como no pudimos garantizarle
la seguridad a las mujeres, como fuimos incapaces de
evitar que niñas y adolescentes sean abusadas, como
no pudimos asegurarles el acceso a los servicios de
salud de calidad, como no nos vamos a ocupar de
garantizar las condiciones para que ninguna mujer
muera por una hemorragia en una sala de partos…
entonces, les ofrecemos el aborto”, sentenció.
Un recinto semivacío y pintado de verde
En el recinto se respetaron las medidas de
distanciamiento social: como establece el protocolo
de funcionamiento remoto, tuvieron sus lugares
asegurados los vicepresidentes Lousteau y Laura
Rodríguez Machado (Pro); dos senadores por el Frente
de Todos, otros dos por Juntos por el Cambio y uno
por cada bloque minoritario.
A pesar de las restricciones, los legisladores se
las arreglaron para turnarse en las bancas y de ese
modo varios
tuvieron su postal en el recinto. Oficialistas
como María Inés Pilatti Vergara y Ana Almirón, ambas
con discursos de alto voltaje, lucieron atuendos y
pañuelos verdes. La puntana Eugenia Catalfamo -que
en 2018 fue la única ausente por un embarazo- se
tomó revancha y esta vez estuvo presente. Y dos
fueguinos, Matías Rodríguez y Eugenia Duré, viajaron
desde Tierra del Fuego para participar físicamente
de la sesión.
Por el Congreso pasaron, además, la secretaria de
Acceso a la Salud, Carla Vizzoti; las asesoras
presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la
titular de AySA, Malena Galmarini; la ministra de
Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela
Díaz; y referentes históricas de la lucha por el
aborto legal como Nelly Minyersky y Marta Alanis.
También se vio a la directora ejecutiva de la ANSES,
Fernanda Raverta, que cruzó desde la Cámara de
Diputados, donde presenció el
debate sobre la nueva movilidad jubilatoria.
El final de un debate histórico
Al momento de los cierres, Weretilneck ratificó su
voto a favor y el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque
Federal) lo hizo en contra. Luego fue el turno de
Elías de Pérez, que insistió en que “toda
vida vale, sin discriminación entre deseados o no
deseados , sin que importe el color de piel,
la clase social, si es una persona del interior o de
la capital. Por lo tanto, toda vida tiene que ser
cuidada y protegida”.
La tucumana repitió que el aborto “significa
que el Estado ha tirado la toalla” y que el
proyecto enviado por el Ejecutivo “no
trae nuevas libertades, tampoco nuevos derechos: lo
que sí nos trae es la negación del acceso a la
vida”.
A continuación, el jefe del interbloque Juntos por
el Cambio, Luis Naidenoff remarcó que la ley no
alienta a las mujeres a abortar. “¡Se aborta en
nuestras narices, ocurre, es un dato de la
realidad!”, exclamó, y con ese mismo tono enérgico,
aseveró: “¡Nadie
quiere el aborto! ¡No lo quiere la ley! La ley
protege las desigualdades, y el punto de partida son
la clandestinidad y la pobreza”.
“Estamos hablando de un Estado cómplice que deja
hacer”, advirtió el formoseño, y subrayó que “no es
un tema menor garantizar a todas las mujeres
argentinas el acceso a la salud pública”.
En el mismo sentido, la vicejefa del bloque
oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “lo
que realmente molesta” al sector antiabortista “es
la libertad de las mujeres” y el “poder de
decidir”. “No
tienen empatía con las miles de mujeres que toman la
decisión de abortar” , lamentó.
Además, señaló que “no solamente es la revolución de
las hijas, sino también de las madres, de las
abuelas, de todas. Gracias al debate nos enteramos
que nuestras madres abortaban y nuestras abuelas
abortaban, y de la peor manera. Y hoy lo pueden
decir”.
Fernández Sagasti también destacó que con la sanción
de la ley “nos queda un horizonte muy bueno porque
vamos a demostrar que la dirigencia política es
capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades,
poniendo por delante los intereses de las mayorías”.
De todos modos, la senadora coló la cuestión
partidaria: “Soy feminista porque soy peronista, y
que el Ejecutivo nacional peronista haya mandado
esta ley hace
la alquimia perfecta entre el feminismo y el
peronismo ”.
El último discurso quedó para el titular del bloque,
José Mayans, que una vez más no ocultó su malestar
por el tratamiento de este proyecto. Interpretó que
para habilitar el aborto voluntario “hay
que modificar la Constitución o hay que renunciar a
los tratados internacionales” , porque de lo
contrario “es un país sin ley donde cada uno hace lo
que quiere”.
“El presidente, los legisladores y los miembros del
Poder Judicial están obligados a cumplir la
Constitución”, aseguró, y continuó: “Estamos de
acuerdo con la ampliación de los derechos de las
mujeres, con la autonomía y las libertades, siempre
y cuando no dañe a terceros, como dice el artículo
19 de la Constitución, porque en todo derecho hay un
límite, que es donde empieza el derecho del otro”.
Mayans denunció que “hay
distintos estatus: para el niño deseado, todo; para
el niño no deseado, ni justicia. Para el niño no
deseado es la pena de muerte. El Estado no
puede hacer eso, porque en Argentina no existe la
pena de muerte”.
Los discursos más esperados
Con el correr de la noche, tres senadores
indefinidos confirmaron su voto verde. La primera
fue la radical Olalla, quien habló de “estadísticas
preocupantes” de embarazos no deseados y señaló que
“cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese
sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el
derecho a la salud”.
“Estamos tratando de reducir las muertes y las
consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden
en la clandestinidad para resolver el problema de
los embarazos no deseados” , aseguró la
legisladora.
Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una
cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la
continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la
autonomía de la voluntad de la mujer. En
definitiva, se
conquistaría una nueva causa ”.
Poco tiempo después fue el turno de Crexell, que
reconoció haber “reflexionado profundamente” después
de abstenerse en la anterior votación: “No
cambié mis creencias personales, no cambié mi modo
de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto.
Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o
religión, es una causa silenciosa que mata y escribe
historias muy tristes en nuestro país”.
“Los abortos no deberían existir, pero existen.
Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia
punitiva”, sentenció la neuquina, y en ese sentido
afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley
por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y
muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.
Al sumar razones a su voto positivo, coincidió con
Olalla en que “estamos ante un tema de salud
pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que
“es un hecho insoslayable que aquellas personas que
no cuentan con recursos se exponen a condiciones de
precariedad” a la hora de realizarse la práctica.
Por su parte, el salteño Leavy manifestó:
“Personalmente me opongo, odio el aborto y creo que
nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el
aborto. Ninguno de todos los argentinos lo queremos,
pero existe”.
Al comparar este debate con el de 2018, cuando votó
en contra, dijo que “esta vez tenemos un proyecto
diferente” y confesó: “Me
di cuenta que esto no se trata de mí, de mis
creencias o formación, sino que es algo que le
compete a muchas mujeres”.
“Hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos
que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido
que quieren abortar para que lo hagan en los
hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de
manera insegura. He
comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta
ley no promueve el aborto, solo les da un marco
seguro para que no mueran en el intento ”,
sintetizó.
Por último, subrayó: “No
se trata de estar a favor del aborto, se trata de
estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto
hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo
voy a hacer”.
Sorpresa: la abstención de Snopek
Entre los “tapados” estaba ni más ni menos que el
jujeño Snopek, que si bien no acompañó el proyecto, decidió
abstenerse y así facilitó la sanción de la ley .
Una señal política que fue leída, en parte, como un
contraste con el gobernador Gerardo Morales,
decididamente “celeste”.
En un breve discurso, Snopek aclaró que sigue
creyendo en que “la vida comienza desde la
concepción”, pero reconoció que “en los últimos dos
años no hicimos absolutamente nada” para resolver la
cuestión. El senador advirtió que “Jujuy tiene uno
de los niveles más altos de suicidios por embarazos
adolescentes, por arriba de la media del país, y el
gobierno provincial no trabaja para prevenirlo”.
El oficialista pidió, entonces, una consulta
popular, y dejó un mensaje para Fernández: “Él tiene
la responsabilidad, se apruebe o no, de que en el
próximo proceso electoral sea el pueblo, a través
del voto, el que decida si esta ley es legítima”.
Qué dice la flamante ley
La norma sancionada legaliza
el aborto de manera voluntaria hasta las catorce
semanas de gestación, y luego de ese plazo se
habilita la práctica en los supuestos ya
establecidos en el Código Penal: violación; o
peligro para la vida o la salud de la persona
gestante.
Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer
la objeción de conciencia siempre y cuando
la vida o la salud de la persona gestante no estén
en riesgo. En caso de que todos los profesionales
sean objetores, el establecimiento deberá derivar a
la paciente a otra institución sin dilaciones y
asumiendo los costos de la intervención.
El plazo para realizar el aborto será de diez días
desde su requerimiento, y el sector público, las
obras sociales y las empresas de medicina prepaga
deberán incorporar la cobertura integral y gratuita
de la intervención, incluyendo todas las
prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
