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La catarata de desatinos que provocó la decisión del
Gobierno de avanzar en las negociaciones con Rusia
para obtener una vacuna contra la covid-19 llegó a
su clímax con la denuncia penal por envenenamiento
de la exdiputada Elisa Carrió contra el presidente
Alberto Fernández, el ministro de Salud Ginés
González García y la viceministra Carla Vizzotti.
El 23 de diciembre pasado pidió a la Justicia que se
los investigue por “atentado contra la salud
pública, defraudación al Estado e incumplimiento de
deberes de funcionario público”.
La validación internacional a la Sputnik V que
implica la publicación en la revista científica The
Lancet aparece como argumento más que suficiente
para que la Justicia federal archive la presentación
por “inexistencia de delito”.
Una decisión de todos modos insuficiente si se tiene
en cuenta la criminalidad implícita en la denuncia
liderada por la socia de Juntos por el Cambio |
