El pedido opositor para intervenir el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de
Formosa no prosperará en el Congreso. Tampoco los
reclamos para que algunos funcionarios se presenten
a dar explicaciones ante el Parlamento nacional. Sin
mayoría en ninguna de las dos cámaras la Coalición
Cívica, que presentó la iniciativa, necesitaría no
sólo el acompañamiento de Juntos por el Cambio (lo
que se descuenta) sino también de diputados de otras
bancadas. Según el sondeo que hizo Infobae,
no habría apoyo suficiente. Además en el periodo de
sesiones extraordinarias sólo pueden debatirse
propuestas del Presidente y esta no está obviamente
en los decretos de Alberto Fernández.
El camino institucional en sesiones ordinarias sería
el análisis en comisión y luego la puesta en debate
en el recinto. En caso de que un Presidente disponga
una intervención provincial, puede hacerlo ad
referendum de la aprobación del Congreso. Este no
sería el caso.
Por ahora el interbloque opositor continuará con la
denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y analizará los pasos a seguir en
una reunión que tendrá lugar hoy y en la que
conversarán sobre todos los temas que agitan la
agenda parlamentaria: la política energética, la
situación de YPF, la ley de Biocombustibles y la
suspensión de las PASO, entre otros.
“Por la grave situación de la nación es necesaria la
oración por nuestra Patria, de todas y todos. El
único pecado mortal que uno no puede cometer es no
alzar la voz cuando todo sucede”, escribió en sus
redes sociales Elisa Carrió, líder de la CC. Fue su
bloque, con la firma de todos sus integrantes, el
que solicitó la intervención del Ejecutivo y del
Judicial formoseños “con el fin de garantizar la
forma republicana de gobierno” tras las denuncias
por la situación de las personas aisladas en un
centro de COVID-19 y la detención de dos concejalas.
Tras el planteo opositor se sucedieron una serie de
apoyos. Primero del Consejo Nacional del PJ y luego
de varias figuras oficialistas, entre ellos el jefe
del bloque de senadores del Frente de Todos, José
Mayans, que es formoseño
El miércoles pasado la Coalición
Cívica presentó un proyecto de ley para intervenir
por 180 días la provincia de Formosa, y
denunciaron violaciones de derechos humanos
cometidas por la gestión del gobernador Gildo
Insfrán que endureció las restricciones sanitarias
para evitar contagios por COVID.
El proyecto fue impulsado por Juan Manuel López y
Mónica Frade, y acompañado por el resto de los
legisladores: Marcela Campagnoli, Paula Oliveto,
Alicia Terada, Maximiliano Ferraro, Carolina Castets,
Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Hécotr ‘Toty’ Flores,
Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Mariana
Zuvic, y también Gabriela Lena, de la UCR, y
Graciela Ocaña.
La iniciativa impulsa la intervención, la caducidad
del mandato del gobernador y de su vicegobernador,
Eber Solís y declara, en caso de aprobarse, “en
comisión” a los funcionarios judiciales, además de
la designación de un interventor que debería
convocar a elecciones en un plazo de 180 días,
prorrogables por una vez.
“El régimen que Gildo Insfrán ha instaurado en la
provincia de Formosa no puede ser sostenido por el
gobierno federal sin hacerse cómplice de la
violencia institucional que utiliza ese gobernador
para mantener bajo su puño de hierro a los
habitantes de ese estado local”, denunciaron los
diputados y diputadas de la CC al tiempo que
reclamaron por “un sinnúmero de violaciones a los
derechos humanos”.
La respuesta llegó el fin de semana desde el PJ
nacional que preside el sanjuanino José
Luis Gioja, también diputado nacional. Con sello
del partido y las firmas de Gioja y de los
vicepresidentes Daniel Scioli, Lucía Corpacci,
Leonardo Nardini, Rosana Bertone y Antonio Caló, no
solo se defendió la gestión formoseña sino que se la
destacó “por los indicadores sanitarios logrados en
defensa de su población”. “La política sanitaria
desplegada por el gobierno provincial logró tener la
menor cantidad de contagios y la menor cantidad de
muertes por COVID-19 en la República Argentina”,
indicó el comunicado. Efectivamente según las cifras
oficiales Formosa tiene hasta ahora nueve muertos,
807 casos confirmados de contagio y uno sólo
registrado en el día de ayer.
“La feroz campaña política y mediática desatada
nuevamente en contra de esa provincia no puede tener
como verdadero fundamento, por ende, una
preocupación sanitaria, ni mucho menos un interés
por el bienestar del pueblo formoseño”, apuntaron
desde el peronismo y consideraron “insólitos” los
pedidos de intervención. ”Se dicen democráticos y
republicanos, pero buscan, con estas artimañas,
lograr los espacios que el voto popular de los
formoseños les niega contundentemente”, agregaron en
respuesta a la oposición.
Durante este lunes hubo fuertes cruces. Por un lado
el senador Mayans defendió la estrategia sanitaria y
en una entrevista con La Nación apuntó a Luis
Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el
Cambio en el Senado. “Horacio Rodríguez Larreta
tiene seis mil muertos y nadie le reclama por los
derechos humanos. Estamos hablando de dos Torres
Gemelas, pero nadie se queja”, subrayó.
De inmediato le contestó el también senador Martín
Lousteau. “Mayans tiene una confusión
importante, igual que cuando trata de dar clases de
mayorías y minorías desde una provincia que viene
abusando de la mayoría para modificar las
instituciones y perpetuarse en el poder”, sostuvo. Y
continuó: “El Jefe de Gobierno no tiene reclamos
porque no viola los derechos humanos como está
probado que se hace en Formosa, ni mete en prisión a
dirigentes opositores como ocurrió con las recientes
detenciones de las concejalas Gabriela Neme y
Celeste Ruíz Díaz”.
Por el otro el diputado nacional Ricardo
Buryaile (UCR Formosa), junto a legisladores del
interbloque de Juntos por el Cambio, presentó un
proyecto para interpelar a la ministra de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y al
secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio
Pietragalla. Les piden que informen públicamente
sobre diversas cuestiones respecto a la situación
que viven los formoseños en los denominados “Centros
de Aislamiento” y sobre la denuncia por supuestas
violaciones a los Derechos Humanos.
También Maximiliano Ferraro, de la CC y cercano al
gobierno porteño, salió al cruce del senador Mayans:
“Deje de mentir y decir disparates. En la provincia
que Ud. representa no hay democracia, ni
instituciones que protejan los derechos humanos y
libertades de los formoseños. No son dueños y
señores de la dignidad de las personas”.
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