La legislación contempla penas de prisión para los
pacientes que se nieguen a ser hospitalizados, como
marca la actual ley de enfermedades infecciosas del
país, y sanciones pecuniarias para los negocios que
ignoren las órdenes de cierre o reducción de horario
comercial con motivo de la pandemia.
La normativa todavía debe ser debatida con la
oposición y aprobada en el parlamento, algo que se
espera que suceda en febrero, dada la mayoría de la
coalición gobernante en ambas cámaras.
Japón atraviesa su tercera y peor ola de COVID desde
que estallara la pandemia, habiendo registrado en
torno al 50 % de los casos totales (351.020 hasta el
jueves) y muertes por el patógeno (4.830)
contabilizadas sólo en el último mes y medio.
El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, ha
declarado un segundo estado de emergencia en 11 de
las 47 prefecturas del país (entre ellas Tokio), que
se prolongará en principio hasta el 7 de febrero.
Bajo la declaración, las autoridades han pedido a
los residentes que eviten las salidas innecesarias y
a los locales de hostelería que adelanten su hora de
cierre a las 20:00, aunque actualmente el país no
impone sanciones por no cumplir.
Uno de los proyectos de ley, que revisa la
mencionada ley de enfermedades infecciosas,
contempla penas de hasta un año de cárcel o una
multa de hasta un millón de yenes (unos 7.940 euros
ó 9.660 dólares) para las personas que se nieguen a
ser hospitalizadas.
El posible encarcelamiento es uno de los puntos más
polémicos del proyecto y se espera que sea uno de
los que más debate genere.
La revisión también otorga más poder al gobierno
central y los locales para emitir advertencias a las
instalaciones médicas para que acepten a pacientes
de COVID y poder publicar los nombres de las que no
lo hagan.
El otro proyecto, que enmendará la ley de medidas
especiales contra la COVID y otras enfermedades
infecciosas, permitirá a las autoridades locales
emitir órdenes de reducción de horario comercial o
cierre temporal, incluso fuera de un estado de
emergencia.
Los negocios que no cumplan podrían recibir multas
de hasta 300.000 yenes (unos 2.380 euros ó 2.900
dólares), que ascenderían hasta 500.000 yenes
(3.970/4.830 dólares) en caso de que el territorio
se encontrara en estado de emergencia, entre otras
medidas
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