La medida fue formalizada a través de
una resolución que le quitó el rango a los servicios
TIC de “públicos, esenciales y estratégicos”. De
esta manera, las tarifas no serán reguladas y las
definirán las empresas de telecomunicaciones.
El gobierno de Javier Milei liberó las tarifas
de Internet, celulares y cable y
les quitó el rango de servicios “públicos,
esenciales y estratégicos” que
obligaba a las empresas de telecomunicaciones a
regular los incrementos. De esta manera, a partir de
ahora se eliminaron los topes de los incrementos que
fijaban un límite a las empresas del 5% y de hasta
el 10% mensual.
El Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) informó hoy
la derogación
de una serie de resoluciones que regulaban los
precios de los servicios de telecomunicaciones,
en línea con un reciente decreto presidencial que
liberaliza el sector. La medida, formalizada
mediante la Resolución 13/2024,
deja sin efecto múltiples normativas emitidas entre
2020 y 2023 que establecían controles de precios
para servicios de internet, telefonía móvil y
televisión por suscripción.
Con la nueva disposición, las
empresas de telecomunicaciones tendrán vía libre
para incrementar las tarifas sin topes que hasta
ahora fijaban un límite de aumentos del 5% y de
hasta el 10% mensual. Esta
decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este
último había declarado a los servicios TIC como
"servicios públicos esenciales y estratégicos",
otorgando al ENACOM la facultad de regular sus
tarifas.
La resolución, firmada por la
intervención del ENACOM, entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial. Por
lo tanto afectará a los servicios a partir del mes
de julio.
El Gobierno desreguló las tarifas de
celular, internet y cable
En abril, el
Gobierno de Javier Milei, a través de un nuevo
decreto, decidió desregular las tarifas de telefonía
celular, internet y cable al sustituir y derogar
diversos artículos de la Ley Argentina Digital
N°27.078. A partir de
este nuevo cambio, se indica que los propios
licenciatarios de servicios de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) podrán fijar sus
precios sin regulación alguna por la autoridad de
aplicación, sin embargo -sostienen-"deberán ser
justos y razonables para la ciudadanía".
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