La inconsistencia en la redacción del artículo 1 despertó la polémica y derivó a votar a favor una moción planteada por el jefe del bloque UP para que el proyecto regrese a comisión para su redacción en particular.

Rara vez ocurre en el Congreso que un proyecto de ley es aprobado en una de las cámaras, pero vuelve a comisión para modificar la redacción del articulado a fin de votarse en particular en otra sesión sin que ello signifique que el texto vuelva a foja cero. Eso ocurrió este jueves durante la sesión del Senado con el proyecto de aumento de penas por compra y venta de niños que fue aprobado en general por unanimidad, pero uno de sus artículos despertó la polémica que derivó su vuelta a comisión.

El artículo en cuestión fue el primero que sustituye el 139 bis del Código Penal de la Nación, por el siguiente texto: “Artículo 139 bis: Se impondrá prisión de 4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado.

Quedarán exentos de pena el progenitor que, entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este Capítulo.”

El primero en hablar fue el salteño Juan Carlos Romero que, si bien reconoció la importancia de agravar las penas para estos delitos porque “era una deuda que teníamos”, pero preguntó si se tuvo el desfase entre el tipo de pena que se busca establecer con otros delitos y también planteó: “No encuentro razón para encontrar no punible justamente a los progenitores donde comienza la cadena del delito, en la familia”.

“No conozco casos de no punibilidad por las razones que se esgrimen acá y menos a donde comienza la cadena del delito que es en la familia. Resulta que se los libera de pena a los padres, pero el que lo recibió le ponemos la pena total. Esto no tiene coherencia. Estigmatizamos a la gente pobre y vulnerable, pero la liberamos de la culpa”, cuestionó el senador de Cambio Federal y también criticó: “En el mismo artículo hablar de facultades mentales alteradas es necesario porque es inimputable en el resto del código”.

En el mismo sentido, el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) propuso la eliminación completa de ese párrafo y alertó: “Como hecha la ley, hecha la trampa después se declaran ignorantes o faltos de facultades mentales, se declaran vulnerables. Creo que dada la condición de este delito como flagelo hace años en este país, propongo que se elimine directamente el párrafo”.

Una de las autoras del proyecto, la radical Carolina Losada explicó que “cuando me puse en contacto con las asociaciones y Defensoría del Menor me dijeron que muchas veces que el hecho de sacar a la posibilidad de ir preso a los progenitores hace que se puedan encontrar quiénes son. Tiene que ver con exculparlos en una vez, ahora si esa persona forma parte de una red de tratas que tiene hijos para venderlos no queda exculpado”.

Por su parte, el senador santacruceño José María Carambia planteó: “Como está redactado en el caso actual si hay un padre que venda al hijo independientemente para qué por una vez vamos a decirle ‘podes vender un hijo, está bien’. Creo que si la intención es buscar un paliativo o atenuante se tendría que redactar de otra forma. Así como está redactado autoriza la venta de un hijo y es una locura, es una aberración jurídica. Si queda redactado así lo vamos a votar en contra”, y coincidió con Paoltroni de eliminar el párrafo, a lo que también adhirió Romero.

En la misma línea coincidió el mendocino Rodolfo Suárez (UCR) porque “no hay necesidad para justificar la venta de un niño. Va a ser muy difícil explicar este párrafo en términos jurídicos cuando el estado de necesidad es una causa de justificación, pero no de exoneración. Voy a apoyar el pedido de Paoltroni”.

Al retomar la palabra, Losada accedió a quitar el párrafo del dictamen y “esa situación se analice en otra ley”.

Por el contrario, otro de los autores de proyecto Antonio Rodas (UP) propuso la modificación de la redacción: “Se impondrá prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado. También será reprimido con la misma pena si no resultare un delito más severamente penado él o la que entregare a una persona menor de edad con fines adoptivos sin haber cumplido con el proceso legal vigente cuando haya mediado o no precio, promesa remunerativa o cualquier prestación.

Quedarán exentos de pena el progenitor que, entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este Capítulo.”

A continuación, Mayans propuso al Cuerpo: “Teniendo en cuenta que esto salió por unanimidad y teniendo en cuenta lo que dijo el senador Juez, que estamos modificando el Código Penal, ¿por qué no ajustamos en la comisión bien el detalle de la proporcionalidad de la pena que hacen a la cuestión del Código Penal? Es central esto. Le encomendamos a la comisión el detalle de todo porque ya está aprobado en general y el Cuerpo expresó la voluntad de agravamiento de penas, pero hay que tener cuidado con esto porque palabras más o menos significa que van o no personas a la cárcel. Sería bueno que la comisión se encargue, entregue despacho porque esto lo vamos a sacar por unanimidad con el detalle que pide el derecho penal porque esto va para siempre”.

“Es una moción para que la comisión redacte el texto final con la gente experta en derecho penal y tener una redacción acorde a lo que presenta el tema”, aclaró el formoseño.

La rionegrina Mónica Silva (JSRN) no se mostró a favor en que “queden exentos de pena los progenitores por alguna causa como ignorancia. Quienes tienen facultades alteradas es un caso, pero no podemos alegar que alguien ignora que es un delito entregar un hijo”.

Por su lado, el radical Martín Lousteau pidió que se leyera el artículo 79 que establece: “Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario”.

Mayans ratificó su postura argumentando que “necesitamos una redacción prudente y sabia sobre el tema porque cada palabra cuenta. Muchos ya no están de acuerdo. Hagamos una reacción que trabajen en comisión porque se va a votar en una sola votación”.

En contraposición, Losada le salió al cruce: “Si era tan importante la redacción y todo ¿por qué no vinieron a la comisión? Ahora quieren volver todo atrás, quieren cambiar las cosas. Esto estuvo charlado en comisión hace siete días, hace 2 años se discutió el proyecto. Les recuerdo que el tema de los progenitores fue sacado del proyecto que ustedes firmaron en su momento cuando Alberto Fernández lo mandó”.

Y siguió: “Hace siete días hubo una comisión, no aparecieron, ¿tenían otra cosa mejor que hacer que poder ponerse a legislar como un tema como este? ¿o tienen alago que hacer ahora, están apurados por el partido? ¿cuál es el problema? Si ustedes están muy apurados fíjense”.

Paoltroni tomó la palabra para solicitar la votación de la eliminación del párrafo y desestimar la propuesta de Mayans.

Pidió la palabra la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro) quien manifestó: “Todos estamos de acuerdo con el proyecto, claramente entre el dictamen que firmamos y hoy hubo consideraciones que el senador Pagotto informó que fueron sugeridas por penalistas, Ministerio de Justicia que pidieron que se cambien para que fuera efectivo. Hay modificaciones que requieren seriedad y estamos recibiendo indicaciones de mejorar ciertos artículos. El proyecto está aprobado, lo que pedimos y creemos que es coherente poder terminar con las modificaciones sugeridas la redacción seriamente un proyecto que fue aprobado. Falta definir la redacción prolija respecto de algún articulado”.

En esa línea, el entrerriano Alfredo De Ángeli (Pro) adelantó que “esto va a salir mal. No veo que acá salga la solución. Hay que reunirse en comisión y terminarlo y en la próxima sesión se aprueba por mayoría”.

El oficialista Pagotto aceptó la idea de que la comisión redacte un artículo teniendo en cuenta todas las sugerencias planteadas y “precisar el tipo penal por un deber de certeza jurídica”.

Volvió a tomar la palabra Lousteau explicó que está previsto “tanto en la Constitución como en nuestro reglamento el caso en el que se de incertidumbre en el caso de cuestiones técnicas específicas de un proyecto para ver cómo se resuelve”. Así, procedió a leer el artículo 140 sobre las mociones de orden y resaltó el inciso 10 que dice: “Que el asunto se envíe a la comisión o comisiones que lo hayan considerado para su tratamiento en particular de conformidad el artículo 79 de la Constitución Nacional”.

“Cuando hay dudas técnicas, se envía aprobado el proyecto a que los detalles se resuelvan en comisión y hasta la Constitución dice cómo tiene que trabajar en esos casos”, precisó el porteño.

Mayans aclaró que su moción “se aproxima al tema en el único sentido que por lo que pasó con la redacción que vuelva al Cuerpo y lo votamos en una sola votación en particular todo el articulado por unanimidad una vez que está establecido la anuencia de la comisión”.