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Gialluca señaló que, según la Ley de
Alquileres vigente, el plazo mínimo para los contratos de
alquiler de viviendas es de 3 años y el precio del alquiler
se fija como valor único, por períodos mensuales y con
ajustes anuales, que se efectúan en base al ICL. Es decir,
cada 12 meses los inquilinos deben afrontar una suba en base
a los aumentos salariales y la inflación, siempre sobre el
valor original del alquiler. Hasta fines de junio de 2020,
antes de ser promulgada la Ley de Alquileres (27.551), el
precio se definía cuando se firmaba el contrato, y ese monto
total se dividía por los 24 meses de duración del alquiler
y, en general, se pactaba con subas semestrales. Otro de los
cambios de la normativa fue que el mes anticipado y el
depósito de garantía que deben abonar los inquilinos no
pueden ser mayores que el equivalente a un mes de alquiler,
respectivamente. En tanto, el plazo mínimo del contrato se
amplió de dos a tres años-
Desde la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Formosa, expresaron una fuerte decepción por la
no modificación por parte del Congreso de la Nación de la
Ley de Alquileres Nº 27.551; que garantice previsibilidad y
seguridad jurídica, tanto a los inquilinos, como a los
propietarios. Aseguraron que, como consecuencia de esto,
crecen los contratos, convenios o acuerdos por fuera de lo
legal. Otra consecuencia que denunciamos es que esta ley no
solamente perjudicó a propietarios, inquilinos,
constructores, disminuyendo las inversiones en el mercado
locativo. Aparentemente, el interés para modificarla está,
pero si no es una modificación consensuada puede empeorar la
situación de los inquilinos. El Ombudsman Provincial Dr.
José Leonardo Gialluca, afirmó que, la actual situación por
la que atraviesan los inquilinos en general es muy compleja
y dado que los propietarios deben esperar 12 meses para
aplicar un índice que ronda el 80%, lo lleva a retirar la
propiedad del mercado de alquileres o surgen los contratos
marginales. Entre tanto, la mayoría de las personas quieren
hacer una contratación dentro de los órdenes normales, pero
no tienen alternativas y es aquí donde realizan arreglos por
fuera del marco legal que rige el mercado locativo, conducta
esta que también están utilizando las inmobiliarias. Nuestra
propuesta Institucional es que, los diversos bloques o
sectores políticos del Congreso de la Nación, traten este
tema que afecta a millones de personas, pues también se debe
tener en cuenta que en la actualidad los créditos
hipotecarios son inaccesibles tanto para los trabajadores
públicos, como privados.
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