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-JUNIO-2022       

Emiten dictamen en el Senado para la nueva moratoria previsional

 

Fue al cabo de una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la que dieron detalles del costo fiscal de la iniciativa que se estima alcanzará a 800 mil personas. La iniciativa es impulsada por el kirchnerismo y rechazada desde JxC.

 
 

Reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social

 

 
 

Presidida por la senadora Juliana Di Tullio, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado pasó a la firma el proyecto de ley que establece un plan de pago de deuda previsional, que busca atener la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los años de aportes suficientes. La oposición de Juntos por el Cambio expresó sus cuestionamientos y no firmó el dictamen.

El encuentro se celebró en el Salón Illia del Senado, donde en el arranque se procedió a completar las autoridades de esa comisión, designando a la cordobesa del Pro Carmen Alvarez Rivero vicepresidenta de la misma. A continuación, la presidenta de la comisión recordó que durante las reuniones previas se había analizado el proyecto y había habido tres preguntas formuladas por senadores, las cuales habían sido contestadas y que lo mismo harían con las que fueran a hacerse durante la presente jornada en la que se pasaría a la firma el dictamen, de modo tal de llevarlo al recinto transcurridos los 7 días que corresponden según el reglamento. En rigor, la de este martes fue la primera y única reunión presencial con los senadores, pues las anteriores dos referidas por Di Tullio habían sido con asesores, aclararon desde la oposición

Di Tullio consideró “central” e “importantísimo para los argentinos y argentinas” ese tema, por cuanto “estamos a punto de finalizar una ley de moratoria, la ley de 2014 del Poder Ejecutivo que conducía entonces la expresidenta Cristina Kirchner. Una moratoria que fue prorrogada por el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri solo para las mujeres, y que se va a terminar en julio de este año”.

“Lo que hemos analizado quienes trabajamos en el tema, sobre todo los senadores Anabel Fernández Sagasti Mariano Recalde (autores de la iniciativa), es que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas que tienen que jubilarse y no tengan acceso a ese derecho”, expresó la presidenta de la comisión, que aclaró que “no es una moratoria, es un programa para pagar deuda previsional”.

Puntualizó que “este plan de pago previsional es un proyecto extenso y vasto”, y recordó lo realizado por las gestiones kirchneristas desde 2004, cuando el decreto de Néstor Kirchner que jubiló a un universo de 3 millones y  medio de personas. Cifra que consideró “motivo de orgullo, no importa de qué lado de la política estemos. Hay casi una universalización de las personas en condiciones de jubilarse”, agregó, pero insistió en que “la curva empezó a descender, por eso hacemos este nuevo proyecto”.

Las personas alcanzadas por dicha iniciativa son aquellas que tienen la edad para acceder a la jubilación, pero no los años de aportes necesarios, por lo que se les permitirá pagar la deuda previsional mientras están cobrando la jubilación. Lo podrán hacer hasta en 120 cuotas. También sirve para las personas de 50 años, si son mujeres, o 55, si son varones, para poder pagar antes la deuda previsional. “Cada uno sabe en su historia previsional cuánta deuda tiene al día de hoy”, resumió.

Di Tullio detalló que sin ese proyecto, solo una de cada 10 mujeres podría jubilarse, y 3 de cada 10 varones. “Estamos haciendo que esta posibilidad se amplíe y que el SIPA se sostenga y tenga la posibilidad de ser solvente”, agregó.

A continuación habló Fernández Sagasti, que destacó que junto a Mariano Recalde, el otro autor del proyecto, se habían comprometido a “tratarlo con celeridad, porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria de 2014, y desde 2015 y 2016 la línea viene bajando. Si bien se hizo un maravilloso aporte desde la ANSeS para contabilizar los años de aporte por hijo, la verdad que nos parecía que el Senado no podía estar expectante sabiendo que este año iban a haber 500 mil argentinos que no iban a poder jubilarse por no tener los aportes necesarios”.

A la hora de justificar la iniciativa, la mendocina recordó que quienes este año cumplirían entre 60 y 65 años, a partir de los 18 pasaron por la dictadura, hierinflaciones, los picos de desocupación de los 90 y 2001, por lo que “ha sido ajeno a estas personas no tener los 30 años de aporte, porque las crisis económicas argentinas no se lo han permitido”.

Para Fernández Sagasti “hemos podido construir un proyecto que es superador al de 2004 y 2014, porque tiene no solo un punto de vista de corto plazo -este plan de pago tiene una duración de 2 años que puede ser prorrogado por 2 años más y alcanza a 800 mil personas en edad jubilatoria sin aportes-; tiene una mirada a mediano plazo y es que creamos una unidad de pago de deuda. De precancelación a los que les falten 10 años, anticipándose a que cuando tengan la edad, pueden tener los 30 años” de aportes. Para la vicepresidenta del interbloque FdT, eso hace a la sostenibilidad del sistema previsional, “porque van a entrar ingresos”, pero además “vamos a crear conciencia, para que previendo la gente empiece a calcular si van a llegar a la edad con los aportes necesarios, y no sea costumbre esto de los planes de pago previsionales”.

Para finalizar, planteó la necesidad de “tener un sistema previsional más robusto, sustentable y empezar a construir uno más justo, que es lo que nos falta. En este contexto el derecho a la jubilación es un derecho que tenemos que garantizar”.

A su turno, Mariano Recalde hizo hincapié en la fecha límite que está por delante: el 22 de julio vence la moratoria previsional vigente, que “fue perdiendo potencia, particularmente en los 4 años de Mauricio Macri”, al que irónicamente le adjudicó “una perspectiva feminista”, por haber resuelto sostenerla solo para las mujeres. Recordó que a los varones se les otorgó solo la posibilidad de la PUAM, que definió como “una pensión más precaria, barata y menos integral”.

En ese sentido recordó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende al 80% de una jubilación mínima, por lo que “está bastante lejos de una canasta básica”. El legislador sostuvo que “nunca puede pasar que se pierda un derecho donde hay una necesidad y había  un derecho. Queremos mantener el derecho y mejorarlo. Y además fortalecer la cultura previsional contributiva y nos parece además que es muy justo, porque se trata de personas que no son culpables de no tener los aportes”.

Además, agregó, “tampoco es cierto que no aportaron. Aportaron, porque el sistema previsional hoy se sostiene con 50% de los que hacen aportes y 50% de los impuestos generales, donde aportan todos”.

Luego dio precisiones sobre el proyecto. ¿Qué van a pagar? Lo mismo que pagaría un trabajador en actividad: 29% de la remuneración mínima imponible, consistente en $10.989. “El 29% es $3.187 por mes y de acuerdo a la deuda previsional que tenga lo va a pagar en una, 30, 60, o hasta 120 cuotas”, especificó, aclarando que hoy es esa cifra, pero ese porcentaje se saca sobre la base de la remuneración mínima imponible que se actualiza trimestralmente. Actualización que también se aplicará sobre la cifra referida.

“Incorporamos una novedad que es la de cancelar anticipadamente la deuda previsional. Aquellos que tengan hasta 10 años menos de la edad jubilatoria, pueden ir viendo, porque conoce o porque consulta a la ANSeS, adelantar el pago de esa deuda previsional. No solo continuarla, sino empezar a pagar antes. Le permite tener más seguridad de que va a acceder al beneficio, pero al Estado le permite recaudar, además”.

Juliana Di Tullio detalló a continuación el costo fiscal de la iniciativa. El primer año sería de 0,02%, y el año que viene 0,3%. “Realmente un costo fiscal muy bajo, afrontable para las cuentas lamentables de nuestro país, pero que todavía estamos tratando de ordenar y que nos va a llevar mucho tiempo ordenar”, enfatizó, para criticar luego la tarea de los ministerios de Trabajo de años anteriores que no cumplieron con el poder de fiscalización suficiente, facilitando que no haya ahora aportes suficientes.

 

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