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Senadores del interbloque Frente de Todos presentaron
este viernes un
proyecto de ley para que las personas en edad de
jubilarse, pero que no cuentan con los aportes
suficientes, puedan cubrir esos años haciendo los pagos
correspondientes.
Durante una conferencia de prensa, que se realizó en el
Salón Illia de la Cámara alta, los legisladores
oficialistas aseguraron que la
iniciativa representa un 0,02% de costo fiscal y
que, además, contribuiría a “fortalecer el sistema
previsional”, a través de una
moratoria especial que también habrá para mujeres y
varones que estén a 10 años de cumplir los 60 y 65 años,
respectivamente.
En el arranque de la conferencia, el jefe de la
bancada, José
Mayans, recordó el fin de las AFJP en 2008,
cuando “la mínima era de 700 pesos” y “300 era lo que
las AFJP le daban a los jubilados y el Estado tenía que
poner más de 400 pesos para alcanzar la mínima”. Sobre
las distintas moratorias que se impulsaron durante los
años del gobierno kirchnerista, destacó que se
incorporaron a “casi 3.600.000 argentinos que estaban
fueran del sistema”.
“Estamos convencidos que a este país o lo arreglamos
entre todos o no lo arregla nadie”, sostuvo y enfatizó
que “a mayor justicia social, mayor paz social”, por eso
“el Estado no se puede hacer el distraído”.
Atajándose a consultas sobre si el proyecto fue
consultado con el Gobierno o el ministro de Economía, Martín
Guzmán, el formoseño remarcó que con la
propuesta “no
hay intención de confrontar con nadie, ni de arruinarle
la vida a nadie”, sino que se trata de “tener gestos
solidarios y políticas que realmente busquen la dignidad
humana”. “Por supuesto es perfectible, acá
nadie es dueño de la verdad y se puede mejorar”, añadió.
Luego, la vicejefa del interbloque, Anabel
Fernández Sagasti, indicó que las personas que
este año y el año que viene cumplirán 60 o 65 años “han
atravesado bastas crisis socioeconómicas y de mercado
laboral”, también “la última dictadura cívico militar;
la hiperinflación del ’89; y los picos de desocupación
de los ’90 y 2001”, con lo cual “se hace muy dificultoso
que puedan cumplir con el requisito de los 30 años de
aportes para poder jubilarse”.
La mendocina explicó que a partir de julio, cuando venza
la moratoria dispuesta por la Ley 26.970 de 2014, solamente
“podrían jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10
varones”.
Al reivindicar a los gobiernos K, la camporista recordó
que entre 2003 y 2015 “llegamos al 95% de la cobertura
en materia previsional” y en 2015, antes de entregar el
gobierno, “la jubilación mínima era, en términos reales,
la más alta de América Latina”.
“Estamos a las puertas de tomar nuevamente una decisión
muy importante para que puedan jubilarse los argentinos
y las argentinas que cumplen 65 y 60 años en los
próximos dos años”, sumó y, en ese sentido, dijo que el
proyecto “tiene que ver con una preocupación urgente que
son estas 500 mil personas que este año no van a poder
jubilarse”.
Al ser consultada sobre si el proyecto cuenta con el
respaldo del Ministerio de Economía, la senadora
respondió: “La
inclusión previsional es un compromiso que tomó este
Gobierno, es parte de la agenda del Gobierno y del
interbloque del Frente de Todos. Presentamos este
proyecto en el Senado para que lo discutamos entre todos
y todas”.
“Claramente que los números los hemos consultado con la
ANSeS, pero es una iniciativa del interbloque del Frente
de Todos”, aclaró. Y, sobre el impacto fiscal,
señaló que “casi
tiene un mínimo costo fiscal, es del 0,02%; es casi
nulo”.
A su turno, el senador Mariano
Recalde, que explicó los detalles técnicos del
proyecto, destacó que se trata de “permitirle a los
trabajadores y trabajadoras poder regularizar su
situación” y “poder ponerse al día con esos aportes que
no pudieron cumplir, muchas veces por trabajar en la
informalidad, muchas veces por tener períodos donde no
pudieron trabajar”.
“Este proyecto no tiene impacto en los jubilados que hoy
están percibiendo su haber”, afirmó el porteño
y explicó que “el sistema previsional se robustece y
mejora, y tiene más posibilidades de atender las
jubilaciones si hay un país, un contexto con pleno
empleo, con salarios con buen poder adquisitivo y con
una tasa de empleo no registrado baja”.
En esa línea, defendió que “esos
son tres factores económicos que nuestro proyecto
político desde el primer día apuntala y trata de
fortalecer” pero “en el medio aparecen dificultades,
como pandemias, guerras y deudas externas, problemas que
condicionan el objetivo político que tiene nuestro
Gobierno”.
De acuerdo a la propuesta, las personas en edad
jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán
regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre
del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en
cuotas que serán descontadas de manera directa del haber
jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente
1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán
llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de
aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM,
una prestación sancionada en el gobierno anterior y que
otorga apenas un 80% del haber mínimo.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad
de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de
50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que
saben que no llegarán con los años de aportes
necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos
mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores y
trabajadoras podrán abonar unidades de cancelación de
aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y
tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima
imponible de remuneración, anteniendo correspondencia
con lo que contribuyen a la seguridad social los
trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en
tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos
faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que
hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales
abonada será registrada en la historia laboral de la
persona, que podrá ir previendo la evolución de sus
servicios con aportes conforme va avanzando en la
cancelación de unidades y se va acercando su edad de
retiro. La actualización del plan de pagos se realiza
teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria
informado por la ANSeS, se explicó.
Según los registros de la Seguridad Social, en lo que
resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la
edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad
de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de
ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas
estarían en condiciones de adherir en el año 2023. “Es
importante destacar que muchas de estas personas no han
podido adherir a las moratorias anteriores por las
restricciones y barreras que las mismas han acumulado a
partir de 2016”, indicaron en un comunicado.
Los senadores del Frente de Todos consideraron que “es
una medida que recupera el valor de solidaridad
intergeneracional y de previsión del sistema jubilatorio
generando oportunidades para que, de manera anticipada,
las personas tomen un rol activo para poder torcer
positivamente un destino que, de otro modo, las deja en
riesgo de atravesar situaciones de mayor vulnerabilidad
en la vejez. Este proyecto, además de resolver la
situación jubilatoria de una enorme cantidad de
trabajadores, fortalecerá la solvencia del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA)”.
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