Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado
se alzó con la media sanción del proyecto de ley para
reformar la composición del Consejo de la Magistratura,
llevándolo de los 13 miembros actuales a 17. El tema
pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde las chances
aparecen complicadas, dada la mayoría absoluta -de 129-
que se requiere para sancionar la norma.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, pero que
sufrió modificaciones durante las negociaciones para
poder alcanzar los respaldos necesarios, cosechó este
jueves en el recinto 37 votos a favor, 33 en contra y
ninguna abstención.
A partir de los cambios incorporados, los aliados Alberto
Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena
Solari Quintana (Misiones) acompañaron al
oficialismo que, con asistencia perfecta, logró los 37
votos para aprobar el texto.
En rechazo de que la Corte Suprema quede fuera del
Consejo, el interbloque Juntos por el Cambio votó
negativamente, al igual que la monobloquista Alejandra
Vigo (Córdoba Federal).
Los únicos ausentes fueron Martín
Lousteau, diagnosticado con Covid este jueves
por la mañana; y la riojana Clara
Vega, que dio un discurso pero no estuvo en la
votación.
La semana pasada la sesión para tratar el tema se cayó,
producto del rechazo de Weretilneck a votar la
iniciativa del Ejecutivo tal cual había sido enviada.
Así, el Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás y
convocó nuevamente a un plenario de comisiones para
formalizar las modificaciones que se le iban a
introducir al dictamen, basadas principalmente en darle
un carácter más federal al Consejo.
En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró
inconstitucional la composición del Consejo establecida
por la ley votada en 2006, que redujo los integrantes de
20 a 13, y de la que fue impulsora como senadora
nacional la actual vicepresidenta Cristina
Kirchner.
El máximo tribunal argumentó que esa norma no respeta el
“equilibrio” de los distintos estamentos que conforman
el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y
seleccionar y remover jueces.
Además, la Corte fijó un tiempo de 120 días para que el
Congreso sancione una nueva ley, caso contrario, el
Consejo deberá volver a su composición original, con el
presidente de la Corte presidiendo el organismo, en
línea con la propuesta que planteaba Juntos por el
Cambio.
Ese plazo vence el próximo miércoles 15 de abril, en la
antesala del arranque de Semana Santa, lo que complica
aún más el trámite en la Cámara baja, que tendría así
tres días para tratar el tema, pero los números muestran
que no será nada fácil.
De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la
Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6
legisladores, 4 abogados, un representante del Poder
Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos
y/o científicos
A propuesta de los pedidos de Weretilneck, se estableció
que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre
en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del
interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar
las problemáticas y necesidades de todas las
jurisdicciones del país”.
También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que
deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada
región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA,
Norte, Centro y Sur.
El debate
El encargado de abrir la ronda de oradores fue el
presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, el oficialista Guillermo
Snopek (Jujuy), quien cuestionó a la Corte
Suprema porque “debió hacer un fallo y (en cambio)
legisló”. “La restitución de la ley anterior implica
arrogarse funciones legislativas, algo incompatible con
la función judicial”, estimó el senador jujeño, para
quien con esto “la
justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”. Por
otro lado, destacó la labor llevada a cabo en la
comisión.
De la vereda de enfrente, alzó su voz la senadora Beatriz
Ávila que rechazó el proyecto del oficialismo
al cual describió como “un intento del Poder Ejecutivo
de tratar de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo
a nada más que a un estatus de simple servicio público
administrativo”.
Por el contrario, el neuquino Oscar
Parrilli (FdT) defendió el proyecto y lanzó
fuertes críticas hacia el fallo de la Corte Suprema, al
cual calificó como “anormal, anticonstitucional,
avasalladora de otro poder que es el legislativo”.
Además, apuntó contra la gestión de cambiemos y denunció
que “quieren que Horacio
Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo
‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea
presidente del Consejo de la Magistratura”.
La radical Silvia
Giacoppo (Jujuy), autora de uno de los
proyectos unificados por la oposición, destacó que “la
propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte
Suprema de Justicia de la Nación quien presida el
Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia
institucional y funcional, también es coherencia con la
propia historia de la vida institucional del Consejo”.
“Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige
independencia, y no la tendría si se convirtiera en un
organismo instrumentado política o partidariamente para
subordinar el poder judicial a los poderes políticos.
Debemos avanzar en esa independencia”, indicó Giacoppo e
indicó: “Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de
poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado
en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector
de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se
refiere al funcionamiento de los poderes sino a su
integración”
Por su parte, la chaqueña María
Inés Pilatti Vergara expresó: “Los ciudadanos
deben saber que el Poder Judicial y en este caso la
Corte tiene la última palabra respecto a la libertar y
el honor de todos”.
“Estamos en la coyuntura de tener que votar un mal menor
para evitar un mal mayor”, sostuvo y se sinceró: “No me
convence el proyecto de ley, pero no me convence porque
surge de un fallo de un órgano que tiene la última
palabra sobre la constitucionalidad de los actos de
otros poderes. Emitió un fallo anticonstitucional porque
fue dictado a consecuencia de una demanda presentada por
el Colegio de abogados, que no representa a todos los
abogados del país, que pedía tener más abogado dentro
del Consejo”.
“La Corte por arte de magia puso en vigencia una ley
derogada hace 16 años atrás”, cuestionó la senadora
chaqueña y lamentó “estar tratando este proyecto” por un
fallo “erróneo”. “La única diferencia que hay entre el
proyecto nuestro y el de ustedes es la presidencia de la
Corte en la presidencia del Consejo y quienes
interpretan que con eso vamos a tener más independencia
del Poder Judicial están leyendo al revés”, cerró.
A su turno, el santafesino Dionisio
Scarpin denunció: “En el 2006 el kirchnerismo
hizo una ley para controlar el Consejo de la
Magistratura”, y manifestó: “Hay que fortalecer la
independencia de la justicia y hacerla hábil y
operativa”
“En le medio de todo esto están los ciudadanos, la ley
que se pide sebe estar en función de eso”, remarcó
Scarpin y preguntó: “¿De qué sirve sancionar una ley si
en Santa Fe el 35% de los cargos están vacantes hace 7
años? ¿Quién está pensando en la gente y en sus
necesidades? Mejorar la operatividad pasa por otro lado
y no por bajar el número de las mayorías”.
Su coterránea, Carolina
Losada (UCR) expresó: “Tiene que ser un Consejo
equilibrado, en unos días los poderes quedarían nulos y
sería un papelón a nivel nacional e internacional”. A su
vez, reiteró que “el 30% de los juzgados están vacantes
y a nadie le importa porque este Gobierno esta
totalmente desvinculado de la realdad y le niegan el
acceso a la justica a los ciudadanos”.
“El kirchnerismo no cree en la independencia de poderes,
ni en la república, ni en una justicia independiente.
Hay uno de los grandes pensadores kirchneristas habló de
un servicio de la justicia y no como un poder. Les
cuesta mucho respetar la Constitución Nacional”, apuntó
y cerró: “Vinieron en búsqueda de la impunidad”.
Por el lado de la provincia de Tucumán habló el senador Pablo
Yedlin (FdT) quien recordó que “el Consejo
tiene la obligación de ser un órgano equilibrado y poner
al presidente de la Corte a que presida el Consejo sería
un total desequilibrio”.
“Si la Corte dijo que es inconstitucional es así. Por lo
tanto, los proyectos presentados ambos, tanto de
oposición y oficialismo, establecen que la suma de
diputados, senadores y del Ejecutivo no logran quórum
propio y en ese sentido los proyectos son virtuosos. El
fallo inconstitucional no menciona la presidencia porque
no está en el espíritu de nuestra constitución”, remarcó
Yedlin y celebró la paridad de género que propone la
iniciativa.
n otro pasaje, la mendocina Mariana
Juri (JxC) cuestionó: “El proyecto lejos de
traer soluciones, sigue sumando más conflictos en un
país que necesita el camino contrario. La Corte nos está
dando esta gran oportunidad de encontrar una ley mejor”.
En ese marco, recordó que por “culpa de las absurdas
peleas del Gobierno” el tema no se pudo tratar en
extraordinarias y celebró el trabajo llevado a cabo por
Snopek. “Este tratamiento exprés no es culpa e la Corte,
sino por culpa de discusiones dentro del Gobierno.
Parece un capricho no querer integrar a la Corte para
que conforme el Consejo de la Magistratura, es algo
caprichoso que no respeta la Constitución y le da poco
funcionamiento al Consejo”, apuntó Juri y finalizó:
“Encontramos a un kirchnerismo que busca revancha, de
defensa de intereses personales”.
El rionegrino Martín
Doñate (FdT) destacó el “federalismo y el salto
de calidad” que se introdujo en el texto a pedido de su
coterráneo Alberto
Weretilneck. Por otro lado, denunció que
“estamos bajo extorsión de una decisión política de la
Corte Suprema que esta decidida a tomar por asalto a
otros poderes del Estado”, por lo que expresó
preocupación porque “es de una gravedad muy profunda”.
“Este fallo ranquea entre los más delirantes en los
últimos años por sus fundamentos, por la antigüedad,
porque se arroga facultades vedados por la Constitución
como es legislar, ya que nos vienen a imponer tiempos,
sino reavivan una ley que ya no existe, que está
muerta”, cuestionó el senador oficialista. “La Corte
viene a decirnos que esta decidida a recuperar la
presidencia del Consejo, a manejar la caja y los
recursos del sistema de justicia, dispuesta a
profundizar los niveles de extorción y disciplinamiento
político del país”, advirtió Doñate
En su intervención, el radical Luis
Juez lamentó “que la política desperdicie una
nueva oportunidad”, y señaló que necesitamos “una
Justicia independiente, no del color del partido que
gobierna”. “Este es un país con instituciones muy
berretas, la Justicia debe ser la peor”, criticó y
agregó: ” El Consejo no cumplió nunca, nunca con el
objetivo que el constituyente planteaba”.
Por otro lado, la riojana Clara
Vega sembró incertidumbre respecto a su voto
porque, si bien coincidió en que “tiene que haber
paridad de género, en que tiene que estar representado
el federalismo porque las provincias somos el último
orejón del tarro”, pero lanzó: “La Corte tiene que estar
presente, pero no tener doble voto”.
No fue el caso de la cordobesa Alejandra
Vigo que adelantó su voto negativo porque “la
nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el
objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y
eficiencia de la justicia”. Además, remarcó el problema
puntual es “el desequilibrio en la composición que se
está planteando en el Consejo”.
“La justicia no va a ser más independiente porque este
algún miembro de la Corte en el Consejo”, apuntó el
rionegrino Weretilneck y
comparó: “Si miramos los dos dictámenes hay una sola
diferencia si la Corte ingresa al Consejo o no, es la
realidad. “Creo que las posiciones de los partidos
políticos con respecto la Corte tienen que ver con
situaciones coyunturales”, señaló el senador de Juntos
Somos Rio Negro.
En el tramo final, el jefe de la UCR, Luis
Naidenoff, consideró que “esta discusión es
parte del fracaso de la política”. Para el formoseño,
“el error no estuvo en la Ley 24.937” votada en 1997,
que “estableció un equilibrio de los estamentos”. “Del
’97 al 2006 no ha existido error político grosero”,
argumentó y remarcó que “el quiebre está en la reforma
del 2006”.
Sobre esa ley, que recordó tuvo como miembro informante
a Cristina Kirchner, quien cerró el debate, se trató de
“una mirada ideológica que tiene el kirchnerismo de lo
que significa la política y su incidencia en el Poder
Judicial”. Recordó entonces que la vicepresidenta, en
ese momento senadora, planteaba que “la política tenía
que recuperar el centro de la escena que había cedido a
los estamentos corporativos”.
“El problema es que se está discutiendo una concepción
del poder”, enfatizó el radical y cuestionó: “Ustedes
piensan que la política tiene que tener el poder de
todo”. “Es un gran error creer que el debate pasó por la
Corte. No, no. Es de raíz, es medular, es de fondo. Es
concepción política, es de poder. Y nosotros tenemos
otra mirada”, añadió.
El jefe del interbloque de JxC, el mendocino Alfredo
Cornejo criticó: “El debate que organiza el
Consejo está muy teñido por el funcionamiento del Poder
Judicial, se ha hablado muy poco del Consejo y mucho de
la Corte Suprema. Algunos de los senadores del
oficialismo, particular Parrilli, hizo mención al enorme
desprestigio de la Corte. No hace falta hacer encuestas
para saber que el funcionamiento del Poder Judicial está
desprestigiado en un enorme contexto de deterioro social
y económico”.
“Todos los poderes del Estado están desprestigiado,
incluso este. ¿Cómo no estarlos? si en casi 40 años de
democracia los argentinos tienen menor calidad de vida
que la que tenían hace 40 años atrás, no es atribuirle
al sistema democrático, sino a malas administraciones de
diferentes gobiernos de distintos signos políticos. El
aparto estatal ha crecido muy poco en los últimos 40
años”, advirtió.
Le tocó hablar después de Cornejo a la vicejefa del
Frente de Todos, Anabel
Fernández Sagasti, quien confesó estar
“anonada” porque “en el ámbito nacional algunos
dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez,
independencia del Poder Judicial” pero “cuando gobiernan
en sus provincias hacen totalmente lo contrario”,
expresó para cuestionar así al exgobernador de su
provincia.
Parafraseando a Cristina Kirchner, la mendocina apuntó
que a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la
composición actual del Consejo de la Magistratura se
convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción”
que estar tratando el tema.
Con críticas al máximo tribunal, la oficialista habló de
“un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el
Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder
Ejecutivo”, porque lo que hizo la Corte es “arrogarse
facultades legislativas, cosa que no existió en los
discursos de nadie de la oposición”. “Son muy mandados a
hacer para defender la independencia del Poder
Judicial”, disparó hacia Juntos por el Cambio, para
reprochar que “el poder que ustedes integran no existió
hoy en nadie de la oposición”.
También, Fernández Sagasti consideró que “son muy poco
creíbles los argumentos de la Corte Suprema” en el
fallo, y afirmó que “en realidad lo que les molesta es
la división de poderes, y lo que quieren es seguir
empoderando a la familia judicial”.
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