Alberto Fernández necesita que el Congreso ratifique el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para darle validez jurídica en el país y permitir que sea considerado un compromiso válido. Fuentes legislativas del oficialismo confirmaron a LPO que están al tanto de esta herramienta y esperan un diálogo con Martín Guzmán en las próximas horas para unificar una posición. 

La participación del Congreso fue definida en la ley 27612 sancionada en febrero de 2021, enviada por Guzmán a poco de asumir por presión de Cristina Kirchner, quien no conforme con el texto original incorporó un artículo para que la deuda en moneda extranjera no pueda utilizarse en gastos corrientes. 

Fue una propuesta en comisión de la senadora Anabel Fernández Sagasti, aceptada por todas las fuerzas políticas. De esta manera, un memorándum con el FMI debe dejar claro que cada dólar que ingrese se gastará en la cancelación de pasivos externos y no será convertido a peso para cubrir el rojo del tesoro, práctica cotidiana durante el gobierno de Mauricio Macri. 

El artículo 3 de la norma confirma que los legisladores tienen la última palabra: "Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

Significa que un acta de intención que Guzmán firme con Kristalina Gueorguieva debe luego incorporarse a un proyecto de ley y aprobarse por ambas cámaras para que los compromisos asumidos por el país sean de cumplimiento obligatorio por el presidente.  

Es un trámite habitual con los tratados bilaterales, refrendados en proyectos de ley que en sus artículos señalan "ratificase" tal convenio y se lo adjunta en su totalidad, con copia fiel del original. Los legisladores lo aprueban o lo rechazan, pero no pueden modificarlo. Los cabilderos de las embajadas suelen recorrer los despachos o la cancillería para reclamar por algún viejo acuerdo olvidado en los cajones del Congreso. 

Hasta ahora las cartas de intención con el FMI omitieron la vía legislativa, aun cuando la Constitución le asigna al Congreso la función de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". Los gobiernos se escudaron en que la ley de administración financiera los habilita a negociar por su cuenta con organismos internacionales

Las oposiciones de turno siempre cuestionaron esta trampita, pero como el proyecto de presupuesto de cada año incluye como pautas de financiamiento los créditos vigentes, los legisladores tienen esa chance para echar atrás alguno que no les convenza. Por lo general, nunca dan ese paso, porque cuando llega ese debate los fondos ya se están gastando. 
 

En 2018, por caso, Macri no envió el acuerdo con el FMI al Congreso, pero el presupuesto sancionado ese año incluyó los compromisos allí asumidos y el dinero recibido. Y ambas Cámaras lo aprobaron, con el voto de los peronistas que respondían a los gobernadores.

La ley sancionada hace un año cambia el orden de los factores y el presidente no puede ignorar al Congreso cualquier carta de intención que firme con el FMI, porque los juristas de Washington podrían considerarla incompleta con una simple revisión de la legislación local. Entenderían que sin una ley, queda la puerta abierta para que cualquier jefe de Estado argentino incumpla algún compromiso cuando se le ocurra. 

Guzmán informó a los legisladores sobre la marcha de la negociación en varias ocasiones durante 2021, siempre con la premisa de evitar del default y alcanzar una "previsibilidad financiera" necesaria para planificar el país. En agosto asistió a una reunión de la bicameral de deuda y en diciembre tuvo varias reuniones privadas en su despacho con los líderes de los oficialismo.

En todos los casos, dejó claro que su intención era patear los vencimientos a 10 años, convencido de que hay margen para tener 4000 millones de dólares de saldos comerciales favorables cada año. Fue lo que consiguió, con una refinanciación a dos años y medio en la que no deberá pagar.  

En el oficialismo nunca rechazaron su optimismo, pero siempre temieron en que las pautas fiscales exigidas compliquen el crecimiento. Georgieva logró que Guzmán bajara el déficit fiscal del 3.3 puntos del PIB que contemplaba el presupuesto a 2,5, menos de lo que exigía en las primeras negociaciones, pero nada fácil de cumplir. 

"No sé dónde más quiere ajustar. El 62% es gasto social. Los sueldos y las jubilaciones están bajísimos. ", repetían esta semana algunos legisladores kirchneristas que seguía las conversaciones. El comunicado del Fondo sugirió un recorte en los subsidios a los servicios públicos, otra de las grandes partidas. 

Otro duda es las garantías que tendrán los otros acreedores para cobrar a tiempo, después de la reestructuración de 2020. El presupuesto rechazado contempla 10 mil millones de dólares para el pago de deuda e ignoraba los compromisos con el FMI, que sólo este año duplican esa cifra.

"Guzmán va tener que explicar cómo le paga a los demás acreedores si acuerda con el FMI. Porque si pone en riesgo otros compromisos, tendrá un problema mayor", advierten en el oficialismo.

Cristina Kirchner habló este asunto con varios senadores en los últimos meses, pero a ninguno le dio una definición categórica de los pasos a seguir y sólo lo hará cuando vea los papeles que Guzmán quiera firmar. 

Sabe que de poco sirven si los legisladores oficialistas no los aceptan. "Hay un tema político que es claro: a Macri no podían darle más de 20 mil millones y firmaron por 57. Ahora no pueden exigir lo que no podemos hacer", señalan en el Congreso. 

Después del anuncio de Alberto, Sergio Massa fue el primero en apoyar públicamente, le siguieron varios diputados cercanos a gobernadores como los entrerrianos Marcelo Casaretto y Carolina Gaillard, pero también hubo voces en contra como las de la recién asumida Natalia Zaracho, ligada al movimiento de recolectores.

También rechazaron el acuerdo Juan Carlos Alderete, un aliado del PCR junto a Verónica Caliva, que aunque integran el Frente de Todos nunca votan leyes vinculadas a la deuda. Si Juntos por el Cambio vota a favor, como anticipó, serán rebeliones menores.  

En el Senado la vicepresidenta controla el bloque del Frente de Todos, aunque hay varios de sus miembros que tienen como jefe directo a un gobernador y un llamado de Alberto podría ablandarlos. Nadie imagina ese escenario, aunque podría haber más de un gesto de disconformidad. 

Cristina retornaba este viernes desde Honduras, donde hizo críticas explícitas al FMI, y se espera un pronunciamiento después de su arribo. No había hasta esta tarde comunicados institucionales de los bloques oficialistas con un respaldo al presidente. 

Un tema que aqueja a las provincias son la deudas en dólares que tomaron en 2016 y no podrían renovar si el clima financiero se enrarecía demasiado. Fue asunto de conversación en una de las reuniones de Guzmán con los senadores y habría sido una de las motivaciones del jujeño Gerardo Morales para ablandar a Juntos por el Cambio. Con el anuncio de Alberto, logró que emitieran un respaldo explícito